Los grupos parlamentarios con representación en las Corts Valencianes quieren exprimir hasta el último minuto de la legislatura para presentar iniciativas. La idea, apuntada este martes por la portavoz de Compromís, Papi Robles, tras la Junta de Síndiques, es trasladable a la actividad de todas las formaciones, especialmente para las que componen el Pacto del Botánico, que con la mayoría progresista de la Cámara tienen más margen para ver aprobadas sus propuestas.
Las tres formaciones que llevan gobernando juntas desde 2015 han intensificado en las últimas semanas su actividad, conscientes de que el tiempo se agota. La proximidad de la cita electoral, aún sin fecha concreta pero que requeriría la disolución de las Corts en abril, también acrecienta el interés por diferenciarse entre los socios de Gobierno, por ser un atractivo para el ciudadano que deposite la papeleta en la urna.
En las últimas semanas se han dado posiciones encontradas en materia de transición energética, con discrepancias sobre el modelo de implantación de plantas solares, a las que se suman otras cuestiones que se trasladarán a los próximos plenos y a las sesiones de control. La prostitución, el modelo de grandes supermercados, la reforma de la financiación o las políticas de vivienda son algunas cuestiones a tratar.
Desde Unides Podem se ha criticado en las últimas semanas el papel de las cadenas de supermercados en la subida de precios. Tras unas semanas de intensa actividad verbal, los morados han presentado una proposición no de ley para instar al Consell a adoptar “medidas para dar respuesta al alza de los precios de alimentos básicos” en la que se insta a que el Gobierno central “defina una cesta de la compra con alimentos básicos y frescos y que establezca un precio máximo para estos”, una propuesta que planteó hace unos meses la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y que reclama a su vez que se adopten las medidas previstas en la ley de la cadena alimentaria, aprobada por el Congreso en 2021. La medida plantea implantar un impuesto a los beneficios extraordinarios de los grandes supermercados.
La iniciativa parlamentaria ha venido precedida de varias semanas con las cadenas de supermercados en el punto de mira, especialmente Mercadona, que es la distribuidora que más ha subido los precios según la OCU. Las críticas a su responsable, Juan Roig, por parte de ministros y representantes parlamentarios, no sentaron nada bien ni al PSPV ni a Compromís. El vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, respondía el lunes en el informativo de À Punt criticando “el servilismo de la clase política”, entre la que se encuentran sus socios de gobierno, que “recuerda al miedo al cacique de las novelas de Blasco Ibáñez”, en línea similar a lo que hizo Pablo Iglesias en un artículo de opinión, en el que acusaba al exconseller Vicent Marzà de cierta complicidad porque a Roig una universidad lo nombró honoris causa, ignorando la autonomía que tienen los centros académicos respecto al Gobierno autonómico.
Los socialistas vuelven a incorporar a su agenda política la agenda abolicionista, que han ido tejiendo a través de estudios, foros y jornadas municipalistas, planteando un modelo que sancione la prostitución. Este martes el PSPV ha registrado una proposición de ley para modificar dos normas, por el procedimiento de lectura única, para prohibir los anuncios de prostitución o cualquier forma de sexo pagado en carreteras y para prohibir la prostitución en los establecimientos afectados por la ley de espectáculos, sancionando gravemente cualquier colaboración del local.
Esta propuesta incluye numerosas modificaciones de la norma, que causó el pasado año un tenso enfrentamiento entre la titular de Justicia, Gabriela Bravo, y la entonces consellera de Igualdad, Mónica Oltra, entre las que se encuentran poder suspender la licencia a los locales que permitan o fomenten la “solicitud, negociación o aceptación de servicios sexuales retribuidos” o multas y posibilidad de clausura del local si se realizan las mismas prácticas, “aun con el consentimiento de quien los presta” aunque “en ningún caso” se sancionará “a la persona que se ofrezca a prestar los servicios sexuales”. La propuesta encuentra en la actual consellera, Aitana Mas, el mismo rechazo que en su antecesora, que considera que el primer paso es no legislar con medidas que pueden ser lesivas para las personas a quienes se pretende proteger. Tanto esta proposición como la de Unides Podem se verá en la próxima junta de portavoces y podría llegar al último pleno de febrero.
Por su parte, en la coalición Compromís han comenzado a esbozar su programa de políticas de vivienda, una competencia que ostenta Unides Podem en la Generalitat Valenciana, el PSOE en el Gobierno central, y en el Ayuntamiento de València está repartida entre socialistas y valencianistas (los primeros a cargo de la empresa pública de vivienda, los segundos de la concejalía). En una rueda de prensa este lunes, los valencianistas reclaman la cesión de competencias a los municipios y una limitación de los precios del alquiler. “Pedimos poner tope a los precios de alquiler, pero de verdad; reconvertir la Sareb para que garantice el acceso a la vivienda, que sea una herramienta pública y quede prohibida la venta de sus viviendas a fondos buitre; la suspensión definitiva de los desahucios a personas en situación de vulnerabilidad y una responsabilidad limitada en las hipotecas”, enunciaba Joan Baldoví, candidato a la Generalitat. Hasta el momento, la política de vivienda de València se ha focalizado en las ayudas públicas al alquiler, pero buena parte de las viviendas del consistorio en desuso y en proceso de rehabilitación.
Los valencianistas aprietan también a sus socios en el Ejecutivo central, donde no tienen representación, con una medida que reclama la reforma del sistema de financiación y la recuperación del Derecho Civil. Compromís considera un “ataque” al autogobierno excluir la recuperación de la capacidad legislativa civil en la reforma constitucional, consecuencia del “bipartidismo”, pese a que hubo unanimidad en las Corts al reclamar ambas cuestiones. En materia de financiación, la coalición recupera la propuesta valenciana que genera consenso entre los expertos: eliminar los fondos de distorsión territorial, emplear la población de derecho como unidad de medida y compensar la deuda generada por el déficit financiero del Estado. Esta iniciativa se debatirá en el próximo pleno, donde los partidos del Botánico comenzarán a marcar sus líneas más duras.