El tópico dice que más vale tarde que nunca, pero esta vez ha sido muy tarde. Ha habido que esperar doce años, desde que en 2007 comenzara la instrucción, y otros cuatro desde que en 2016 se pidiera ya la apertura de juicio oral. Pero al fin ha llegado la fecha. La sección segunda de la Audiencia de Alicante acaba de fijar para el 28 de abril de 2020 el comienzo del juicio por los presuntos sobornos y el fraude de la basura de Calp, que ascendió a 11,9 millones de euros y que es por lo tanto la mayor trama corrupción de la historia de la Marina Alta. Se van a sentar en el banquillo 8 encausados durante diez sesiones, la última prevista para el 4 de junio.
Pieza separada del caso Brugal, a su vez uno de los grandes tormentos judiciales del PP valenciano, la instrucción de un juzgado de Dénia concluyó dos cosas: primera, que presuntamente el empresario Ángel Fenoll habría sobornado con 600.000 euros al exalcalde Javier Morató y a los exconcejales Juan Roselló y Fernando Penella, los tres del PP, a cambio de quedarse en 1988 la contrata de la basura por 25 años. En esta operación, el cuñado de Roselló, Francisco Artacho, habría actuado de intermediario.
Y segunda, que los implicados de la trama hincharon artificialmente durante años el pesaje de la basura de Calp para pagar a la mercantil Colsur, que era la empresa de Fenoll que se quedó la contrata, más dinero del que en realidad le correspondía. Así se estafaron a las arcas públicas de Calp esos 11, 9 millones de euros.
Los ocho encausados y las penas solicitadas
El caso representa pues la peor herencia que dejaron los antiguos gobiernos del PP en Calp. No en balde, entre los ocho encausados que se sentarán en el banquillo figuran tres antiguos concejales populares, comenzando por el exalcalde de Calp entre 1995 y 2007, Javier Morató, para quien la fiscalía pide 14 años de prisión y 400.000 euros de multa. También estará ante juez el que fuera mano derecha de Morató, el exconcejal y ex diputado provincial de Turismo, Juan Roselló, que se enfrenta a 10 años de cárcel y 700.000 euros de sanción.
Otros dos acusados apuntan directamente al propio entorno familiar de Roselló. Es el caso del empresario Francisco Artacho, su cuñado, que se enfrenta a 5 años de cárcel y 80.000 euros de multa. Según la investigación, Artacho ejercía el papel de conseguidor y fue definido por el juez como “omnipresente” en la trama. Y también está acusada la esposa de Roselló, Amparo Femenia, pieza clave según la instrucción para el blanqueo de los beneficios obtenidos con el fraude. Para ella, la fiscalía demanda dos años de prisión y 300.000 euros de multa.
El tercer concejal del PP implicado, Fernando Penella, fue en aquella época responsable de Hacienda y Contratación. Para él la fiscalía solicita 5 años de prisión y 400.000 euros de multa. Completan la nómina de encausados el técnico municipal Juan Cervantes, que encara 9 años de cárcel y 12.000 euros de multa y que habría obviado fiscalizar las irregularidades en el pesaje; y el propio Fenoll y su hijo Antonio Ángel Fenoll, que afrontan la misma pena, 6 años y diez meses de prisión y 100.000 euros de multa. Por fin, también está encausada la empresa Sirem, sucesora de Colsur.
A los acusados se les juzgará por delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y blanqueo de capitales según la resolución de la Audiencia a la que ha tenido este periódico.
El papel de un ayuntamiento siempre del PP
En ese mismo auto, la Audiencia ha rechazado algunas de las pruebas solicitadas por las partes, incluido el escrito de la acusación particular del Ayuntamiento de Calp, que en la actualidad continúa gobernado por el PP, «por considerarlo irrelevante». Cuando en la primavera de 2016 el juez de Dénia decretó la apertura de juicio oral, se hizo público que el consistorio calpino se había limitado a acusar a Fenoll y a su hijo, pero no a ninguno de los concejales populares ni tampoco a Artacho.
En todo eso hubo una interpretación política: en aquel momento, los populares, bajo la tutela de otro exalcalde, César Sánchez, mantenían una coalición de gobierno con APPC, un partido independiente que había fundado Morató al dejar el PP. Por cierto, que de cara a las últimas elecciones municipales de 2019, lo que quedaba de APPC acabó diluyéndose en las filas del PP de la actual alcaldesa, Ana Sala.
Por otro lado, la acusación particular del caso ha sido ejercida por el PSOE de Calp.
Del poder al banquillo
El binomio Javier Morató-Juan Roselló, que durante más de doce años gestionó Calp con mano férrea merced a sus triunfos electorales, pasó sin embargo de los oropeles del poder al escandaloso frenesí de los tribunales.
No sólo es la basura. Rosselló y Artacho están imputados también por otra trama aún pendiente de juicio, la de Aguas de Calpe. También Roselló llegó a ser acusado por la Policía de traficar con obras de arte falsificadas en una fecha ya tan reciente como 2017. Aún así, él y su esposa han seguido dedicándose a los negocios urbanísticos.
Y Morató tuvo que dimitir como concejal, abandonando la primera fila de la política (aunque nunca sus bambalinas) en febrero de 2015, poco antes de que se conociera que la Audiencia lo había condenado en firme por defraudar un millón de euros a Hacienda.