El exsuegro de Marcos Benavent, el principal 'arrepentido' que desencadenó el 'caso Imelsa' de presunta corrupción del PP valenciano, afirmó tener un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción de colaboración a cambio de mantener el contrato de 360.000 euros con la Diputación de Valencia.
El expariente político de Benavent, el empresario Mariano López, se encontraba al frente de la empresa Servimun, que gestionaba del 'call center' provincial -servicio de atención de llamadas de los ciudadanos-, empresa que se llevó la adjudicación en 2012 valorada en 2,26 millones pese a no tener experiencia previa, y también investigada por el presunto pago de comisiones ilegales, por lo que López quedó imputado durante la 'Operación Taula' y salió con libertad bajo fianza de 500.000 euros.
La concesión de dicho 'call center' a Servimun acababa a finales de 2015, y para intentar prorrogar esta gestión Mariano López se reunió con la Diputación afirmando que a cambio colaboraría en la investigación del 'caso Imelsa', pacto que afirmaba “veía bien” el Fiscal Anticorrupción. Ante esta situación desde Diputación preguntaron al Fiscal qué había de verdad en el acuerdo de colaboración que López afirmaba haber pactado. Fiscalía negó cualquier pacto con el exsuegro de Benavent, dejando al descubierto el último intento a la desesperada de López por mantenerse a flote económicamente.
Seguidamente la institución provincial optó por que fuera la misma diputación la que gestionara directamente el servicio, un servicio que ofrecido directamente aseguran que supondrá un ahorro de 100.000 euros al año, y que por lo tanto se ha descartado volver a subcontratar el 'call center'. Entre los puntos oscuros descubiertos durante este periodo se vio que Servimun pagaba por su sede 45.000 euros, local que era propiedad de Engloba Comunicación, empresa también implicada en el 'caso Imelsa'.