La ley de enjuiciamiento criminal en la que está trabajando el ministerio de Justicia de Alberto Ruíz Gallardón contempla, entre otras cuestiones, que ningún político con un juicio abierto por corrupción podrá formar parte de una lista electoral. El vicepresidente del Consell, José Císcar, ha defendido este viernes el criterio de Fabra, que va más allá con su línea roja, por la que ha asegurado que ningún imputado por delitos de corrupción formará parte de las candidaturas del PP en la Comunitat Valencina.
Además, se ha referido a las recientes renuncias de diputados que van a ser enjuiciados próximamente, como Angélica Such, Milagrosa Martínez o, esta misma semana, Luis Díaz Alperi, a los que próximamente se podría sumar Sonia Castedo, “Fabra es el único gran dirigente una una línea roja, más estricta que la prevista por el Ministerio, que además se va cumoliendo poco a poco”. Además, insistía en que la línea roja “no se ha traspasado, el escaño es incompatible con el banquillo”.
Caja b
Este jueves, Luis Bárcenas declaraba ante el juez y aseguraba que el Partido Popular tenía caja b en todas las provincias y regiones para la financiación de campañas electorales, así como también ratificaba un presunto pago del presidente de Les Corts, Juan Cotino, de 200.000 euros en negro correspondiente al 11 de marzo de 2004 para la campaña. Pues bien, el vicepresidente del Consell ha desmentido la existencia de ninguna caja b en el PP valenciano.
Císcar se ha mostrado contundente al asegurar que no les merece “ninguna credibilidad” el extesorero del Partido Popular, “una persona que dice que su gran fortuna se debe a sus operaciones comerciales y que se encuentra en prisión preventiva por lo que supuestamente ha hecho”.