Corría el año 2003, el entonces magistrado del juzgado de lo Penal número 3 de Castellón, Manuel Altava, se encontraba en fase de separación de su hasta entonces pareja y vivían en domicilios diferentes. El 15 de agosto, día festivo, Altava irrumpió por la fuerza en la que había sido la casa común de ambos y en la que entonces solo residía la ex pareja con los hijos (había cambiado las cerraduras). El juez, ahora senador y futuro vocal del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP, quería recuperar lo que consideraba que eran objetos de su propiedad. Esta irrupción la hizo con cerrajeros, policías vestidos de paisano y transportistas, sirviéndose de su condición de magistrado, según denunció su ex mujer.
Esta entrada tuvo lugar cuando la mujer no se encontraba en el domicilio, pero fue alertada por una vecina y cuando volvió se produjo la discusión entre ambos. Los hechos acabaron en la justicia con una acusación de “delito de realización arbitraria del derecho propio”, es decir, no pedir permiso o las llaves para acceder en una casa en la que ya no vives.
Lo que se llevó Altava eran sus enseres personales como libros, ropa, cuadros o muebles, pero el todavía senador también entró en el despacho profesional de su compañera, situado en la planta baja del inmueble, donde registró y desordenó expedientes.
Con estos hechos el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón abrió un proceso hasta llegar a abrirle juicio oral en 2006, pero no se señaló fecha. Dos años después, en marzo de 2008, se celebraron elecciones y Manuel Altava dejó la judicatura para pasar a la política al presentarse por el PP al Senado, acta que consiguió y con ella el aforamiento.
Esta nueva condición de aforado supuso que, tres meses después, el juzgado de instrucción castellonense elevara el caso al Tribunal Supremo. La sala de lo Penal se declaró competente en febrero de 2009 para asumir el procedimiento, contando también con la aprobación de la Fiscalía para que continuara el proceso ya en Madrid.
En el Supremo la instrucción del caso pasó a las manos del entonces juez José Manuel Maza, quien en 2016 sería designado Fiscal General por el gobierno del PP de Mariano Rajoy. Maza finalmente archivó el caso en abril de 2010 al no encontrar delito alguno en los hechos.
En en los razonamientos del auto, Maza afirmaba que Altava “no había renunciado de forma expresa en ningún momento a sus derechos de tenencia y uso del inmueble”, por lo que “la salida se produjo pues sin el carácter de abandono definitivo de la vivienda, en la que, al menos en principio, aún se esperaba su retorno, pasando a poderse considerar el abandono como definitivo, por su propia voluntad y aún sin previa resolución judicial al respecto, precisamente cuando toma la decisión de recoger sus efectos personales y la ejecuta”.
Además Maza calificó la irrupción como “mero cambio de cerradura” de su “propio domicilio” y que “en ningún momento pretendía realizar un derecho propio contra la voluntad de su ex pareja”.
Tras el archivo tanto la ex pareja de Altava como la Fiscalía lo recurrieron, pero finalmente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmaba el archivo en febrero de 2011.