La Fiscalía Anticorrupción solicitó hace unos días el archivo de la causa abierta por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito urbano de Valencia que acogió el Gran Premio de Fórmula 1, en la que está imputado el expresident de la Generalitat Francisco Camps junto a otras catorce personas. El fiscal Pablo Ponce, que sustituyó a Vicente Torres tras su nombramiento como magistrado del TSJ valenciano, cuestionaba en su escrito la investigación y la actuación de la jueza.
Ahora, la titular del juzgado de Instrucción número 17, Carmen Gómez Mingo, ha rechazado todos los recursos, incluida la petición de sobreseimiento Anticorrupción, tal y como ha avanzado el diario El Mundo. Según el rotativo, Gómez Mingo ve “sorprendente y poco serio” que el Ministerio Público, que fue el que interpuso la querella, pida ahora el archivo, una decisión que considera “difícil de comprender”.
La magistrada critica que el fiscal no haya solicitado que la causa fuera declarada de especial complejidad o que no considerara que pudiera existir una malversación continuada –que prescribe a los 15 años en lugar de a los 10–. Ponce señalaba que no hubo malversación al no haber perjuicio económico para las arcas públicas y que la prevaricación administrativa, de haber existido, estaría prescrita.
En un auto al que ha tenido acceso EFE, la jueza acusa a varios responsables de la Fiscalía de haber hecho caso omiso a las indicaciones de sus superiores para que avanzasen en la instrucción de la causa y de haber seguido adelante con una querella contra doce personas sin pedir antes determinados informes.
Recuerda además la instructora que fue el Ministerio Público quien reclamó el auto de incoación de procedimiento abreviado contra los procesados por delitos de malversación, prevaricación y falsedad sin haber acordado periciales sobre la adjudicación de los contratos que cuestionaba ni el supuesto perjuicio que esa actividad supuso para el erario.
Asimismo, responsabiliza al fiscal de haber aportado a esta causa la confesión del exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa que establecía supuestos vínculos entre las donaciones de constructores a la caja B del partido y los citados contratos.
Pendientes de la Abogacía de la Generalitat
La jueza ha desestimado la petición de la Fiscalía sin conocer el posicionamiento de la Abogacía de la Generalitat, que ejerce de acusación particular. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ya dijo la pasada semana tras conocer la petición de la Fiscalía, que el Gobierno valenciano va a seguir trabajando para recuperar el dinero saqueado de las arcas públicas: “Cualquier actuación de la Generalitat irá encaminada en esa dirección, ya que tenemos la firme voluntad de recuperar hasta el último céntimo saqueado”. No obstante, no ha ofrecido detalles sobre la posición de la Abogacía de la Generalitat y su escrito de acusación: “Es una cuestión técnica y no voy a desvelar la estrategia de la Abogacía”.