Lluismi Campos, jefe de gabinete del presidente de las Corts Valencianes, ha comparecido este jueves en el Senado en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos para rendir cuentas de las informaciones aparecidas en las últimas semanas que relacionan la campaña electoral de 2007 del Bloc con una supuesta financiación ilegal. Campos, quien solicitó un permiso no remunerado al poco de publicarse la noticia para preparar su comparecencia -“en ningún caso para ocultarme, sino por coherencia”-, ha negado cualquier relación con empresas para financiar la campaña electoral de la formación nacionalista en 2007.
El que fue responsable de acción electoral del Bloc hasta 2009 ha declarado con un tono sereno y templado, muy diferente al de algunos de predecesores como el presidente de las Corts Enric Morera o la vicepresidenta Mónica Oltra, y ha restado credibilidad al auto judicial tras recordar que la denuncia parte de las fotocopias entregadas por el exvicepresidente valenciano José Císcar en la unidad de blanqueo de la policía, al tiempo que ha matizado que el supuesto delito electoral del que se habla estaría prescrito.
Así mismo, ha insistido en que, al no ser parte en la causa, no han tenido acceso a la documentación, y ha apuntado que, en la época investigada, ni estaban en los ministerios ni en el Ayuntamiento de Benidorm, donde se encuentran tres de las cuatro investigaciones en las que separó la causa inicial Nieves Molina, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia. El portavoz popular en la comisión, Luis Aznar, le ha recordado a Campos que el Bloc está en la parte de la investigación relacionada con las facturas falsas para pagar actos electorales y ha aventurado: “tenemos noticias de que hay bastantes más cosas que veremos si se van confirmando”.
“Persecución política”
Posteriormente ha comparecido José Ramón Tiller, exdiputado autonómico valenciano y extrabajador -como se ha encargado de recalcar en alguna ocasión- de Crespo Gomar (la agencia de comunicación centra todas las sospechas sobre la presunta financiación ilegal del PSPV). Tiller, de quien el popular Luis Aznar ha destacado su relación con el PSOE y con Crespo Gomar, se ha desmarcado de la supuesta trama y de una acusación que ha apuntado “obedece a una persecución política del señor Arturo Torró porque no llegó a asumir que no ganaba las elecciones en Gandia a pesar de que el PP sí que se imponía en las generales en la ciudad”.
Tiller, cuya comparecencia ha sido más tensa que la de Campos, ha asegurado que en el único acto en el que participó relacionado con Crespo Gomar y el PSPV fue en la organización del congreso de 2008 de los socialistas valencianos: “estando yo fue lo único que organizamos”, así como también ha insistido en que no tuvo ninguna responsabilidad en temas financieros.
Por lo que respecta a los contratos con los diferentes ministerios o con los ayuntamientos de Benidorm o Gandia bajo sospecha, el exempleado de Crespo Gomar ha insistido en que sólo participó en dos, relacionados con la empresa pública del Ministerio de Medio Ambiente Acuamed y las desaladoras de Dénia y Torrevieja, “dos proyectos muy complejos”. Del resto, “no tengo ni idea”, ha dicho: “no soy más que un técnico”. Además, ha apuntado que entre 2007 y mediados de 2009 estuvo trabajando en Chile para Crespo Gomar: “¿cómo iba a participar en ninguna negociación en España?”. “Por cierto, en Crespo Gomar acabé bastante mal”.
Oferta de financiación ilegal
Gabriel Moreno, quien fue jefe de campaña del PSOE en las elecciones locales en Alicante en 2011, ha señalado este jueves que recibió una oferta de un constructor para financiar ilegalmente la campaña electoral y que, sin embargo, fue declinada, por lo que no volvió a tener noticias de este supuesto corruptor. Así, ha explicado que su equipo recibió una llamada de un empresario constructor que no se identificó pero él se “negó rotundamente”.