La Generalitat Valenciana ha comprado el estadio del Hércules de Alicante, el José Rico Pérez, por 3,75 millones de euros. La operación ha sido realizada a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en una subasta y, según su director general, Manuel Illueca, lo ha hecho “para velar por los intereses de los alicantinos y del conjunto de la Comunitat Valenciana”.
La compra por 3,75 milloles ha sido la más alta de entre las efectuadas dentro del proceso iniciado 17 de enero, en el marco de la liquidación de la sociedad Aligestión.
La Fundación Hércules CF suscribió en 2010 un préstamo con la entonces Caja de Ahorros de Mediterráneo (CAM) por valor de 18 millones de euros, durante la presidencia del constructor Enrique Ortiz, empresario confeso de financiar ilegalmente al PP. En dicha operación, el IVF, dentro del gobierno de Francisco Camps (PP), avaló esta operación en el marco de “una estrategia financiera calamitosa que comprometía inversiones millonarias en clubes de fútbol mientras se practicaban recortes en servicios públicos fundamentales”, según ha afirmado el actual director del Instituto.
“Esta desastrosa gestión -ha añadido Illueca- ha dejado un panorama muy complicado, ante el cual el Consell está aportando soluciones en defensa de los intereses de todos los valencianos”. Cuando comenzaron los impagos por parte de esta Fundación, la CAM ejecutó el aval, por lo que el IVF tuvo que desembolsar esos 18 millones de euros.
“Desde entonces han sido muchos los encuentros y las comunicaciones que se han mantenido con representantes de esta Fundación y del propio club, con el fin de encontrar una solución que afectara en la menor medida posible al equipo deportivo”, ha señalado el director del IVF.
El aval suscrito por el IVF tenía como contragarantía la pignoración de las acciones del Hércules CF y además una fianza de la sociedad Aligestión, propietaria del estadio Rico Pérez. Al comenzar el proceso de recuperación de las cantidades desembolsadas por el IVF, esta sociedad se declaró en concurso de acreedores e intentó judicialmente eximirse de la responsabilidad derivada del afianzamiento, demandando al Instituto incluso ante el Tribunal Supremo, que ha desestimado las pretensiones de Aligestión, al igual que anteriormente lo hicieron el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial de Valencia.