La Generalitat Valenciana recupera el control de la Ciudad de la Luz para uso cinematográfico con el aval de Bruselas

El Gobierno valenciano recupera el control de la Ciudad de la Luz después de siete años de negociaciones con Bruselas. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este martes que la Comisión Europea ha levantado la sanción sobre el complejo alicantino y permitirá que la Generalitat, a través de la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, recupere el control total sobre su uso a partir del 1 de julio.

El dirigente socialista asegura que ya no hay restricciones económicas ni administrativas para el uso de los platós, que se destinarán a actividades cinematográficas, audiovisuales y reposicionamiento de otros sectores. En 2012 la Unión Europea impuso una sanción al Gobierno autonómico al considerar que la financiación pública de su construcción era un ejemplo de ayuda estatal que vulneraba las leyes de competencia. En 2017, Bruselas aceptó la dación en pago para la devolución de las ayudas, pero bloqueó su uso recreativo durante 15 años. Desde el inicio de la pasada legislatura, el Ejecutivo de Puig negocia con la Comisión para recuperar el uso de los estudios, que “ha costado 470 millones de euros”.

“Es un punto de partida para recuperar la actividad de las instalaciones tras la liberalización de las restricciones. Este complejo se hizo para la industria audiovisual, pero las cosas no se hicieron bien y hubo unas consecuencias”, ha aseverado Puig, quien ha confirmado que había “muchas empresas interesadas” porque “estaban muy bien considerados”, pero no se podían hacer actividades relacionadas con el cine “por la norma de competencia”.

El Ejecutivo autonómico del Pacto del Botánico, que comenzó a gobernar la Comunitat Valenciana en 2015, recibió un activo paralizado con una deuda de 470 millones, de los cuales 188 corresponden a su construcción, 166 a la financiación de pérdidas, 56 a urbanización, 40 millones a la indemnización inicial y otros 20 a la ampliación de las indeminzaciones por una condena del Tribunal Superior de Justicia. En 2015 el complejo de estudios cinematográficos se subastó en 2015 por 400 millones de euros; en 2017 la Unión Europea aceptó la dación en pago como fórmula de devolución de las ayudas y en 2020 el TSJ condenó al sector público a indemnizar a la promotora propietaria del suelo.