El Gobierno valenciano renuncia a requisar las viviendas vacías de los grandes tenedores para ponerlas a disposición de los afectados por la DANA. La Generalitat ha pedido a los bancos y fondos de inversión registrados como grandes tenedores, que cuentan con más de 1.300 viviendas deshabitadas en Valencia, que las pongan a disposición de los afectados, pero aún se encuentra en fase de negociación. El Ejecutivo de Carlos Mazón no quiere expropiar las viviendas o forzar una cesión temporal, mecanismos que tiene habilitados por la ley de Función Pública de la Vivienda, y opta por una vía que considera más diplomática: una petición voluntaria a los 19 grandes tenedores registrados. En 2023 se comenzó a aplicar un impuesto autonómico a estos propietarios, por lo que Hacienda debería disponer de sus datos de contacto.
En paralelo, la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, trabaja con el Ministerio de Vivienda y la Sareb para habilitar casi dos centenares de viviendas para los afectados, además de con los municipios que también disponen de stock de vivienda. El parque público de vivienda valenciano lleva años en mínimos y se ha ido vaciando a medida que vencía la protección de las viviendas, sin que apenas entraran nuevos inmuebles para sectores vulnerables.
La radiografía de las necesidades tampoco es exacta. Vivienda indica que hay personas que se han realojado con familiares o en segundas residencias, otros son atendidos por los recursos municipales y, además, hay que revisar si las personas cumplen los requisitos para que se les asigne una vivienda social del parque público. Son los ayuntamientos los que tienen un registro de las personas con necesidad de vivienda y, según afirman desde el departamento de Camarero, se está trabajando con ellos. Según los últimos datos, la unidad de evaluación de daños en catástrofes, coordinada por el Instituto Valenciano de Vivienda, cuenta con 4.087 expedientes abiertos en 30 municipios. De estos, hay 847 expedientes finalizados, y se ha procedido al desalojo de 489 viviendas por problemas estructurales y 1.651 declaradas como no habitables, esto es, que no tienen problemas estructurales pero los daños las hacen inhabitables. Además, se ha establecido la necesidad de demolición de 62 viviendas.
El Consell actúa en diferentes frentes para poner viviendas a disposición de las familias, aunque está por ver si la fórmula es una solución temporal, un alquiler social o consiste en incorporarlos como demandantes de vivienda protegida, que tiene una legislación concreta. Todo está aún en el aire. Además, se da la circunstancia de que el edificio de La Torre, propiedad de la Generalitat y con 180 viviendas disponibles, que iba a adjudicarse en noviembre antes de la DANA, también ha recibido el impacto del agua. La Generalitat ha destinado unos 3 millones de euros para reparar viviendas sociales dañadas, tanto las de las pedanías valenciana como las de otros 12 municipios. El Consell, a través de la empresa pública de suelo (Evha), también ha creado un grupo de trabajadores sociales para los realojos y ha puesto a disposición las viviendas públicas: 30 viviendas en varios municipios de la provincia a las que se sumarán otros 75 inmuebles que se están reparando.
Las medidas chocan con las adoptadas en el caso de los afectados por el incendio de Campanar -si bien la magnitud de los afectados es distinta-. El pasado febrero, fueron 99 las familias (187 adultos y 42 menores) las que se trasladaron a un edificio cedido por el Ayuntamiento de València de manera gratuita durante seis meses; algunas se fueron marchando al ir alquilando otras viviendas, otras se quedaron en el inmueble pagando un alquiler hasta disponer de un nuevo habitáculo. En este caso, el ayuntamiento sí disponía de un recurso habitacional de emergencia.
La Generalitat Valenciana también ha habilitado la antigua escuela de enfermería, en el recinto del viejo hospital La Fe junto a Cruz Roja como un albergue temporal. El recurso se suma al Centro de Atención Temporal de Emergencia (CATE) habilitado en Burjassot y es un recurso de atención urgente para personas con necesidades muy concretas, apunta el departamento que dirige la vicepresidenta del Consell. Hay en total 50 plazas en la planta séptima del centro sanitario.
La velocidad a la que trabajan los técnicos de la Aministración valenciana no supera a la de la urgencia en el pago de las ayudas. Pese a que desde la Generalitat destacan que 18 días -desde que se inició el plazo- es un tiempo récord para abonar las ayudas, el imperativo de la necesidad hace que cada día cuente. El Ejecutivo autonómico ha abonado poco más de un millar de las ayudas que prometió, de entre cerca de 22.000 solicitudes recibidas. Apenas se han pagado 6 millones de euros del total comprometido para vivienda.
150 viviendas de la Sareb y 25 millones para alquiler social
Los ritmos del Ministerio de Vivienda y de Economía no son mucho más rápidos. El Consell solicitó la cesión de un centenar de viviendas de la Sareb (que depende de Economía) para los afectados y el Ejecutivo central puso a disposición otro centenar, pero más de 20 días después aún están sin adjudicar. Según fuentes conocedoras del proceso, las viviendas se están terminando de acondicionar, ya que muchas no tienen muebles ni electrodomésticos. Este miércoles hay previsto un encuentro entre Susana Camarero e Isabel Rodríguez para avanzar en esta cuestión.
El último Consejo de Ministros celebrado aprobó una partida de 25 millones de euros para que la empresa pública de vivienda (el Sepes) compre inmuebles con disponibilidad inmediata para los afectados por pérdida temporal o permanente de sus hogares, tanto si residían en régimen de propiedad o alquiler. Estas viviendas serán arrendadas directamente por el Gobierno de España y el precio de los alquileres se fijará en función de la situación económica de cada familia. Posteriormente, estas viviendas se destinarán al alquiler asequible.