El Gobierno de Carlos Mazón tardó más de 10 meses en formalizar un contrato para un sistema informático “avanzado de seguimiento y ayuda a la decisión de los riesgos derivados de las inundaciones” destinado a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, dependiente de la Conselleria de Justicia e Interior que dirige Salomé Pradas. La formalización del contrato se hizo apenas tres días antes de la jornada de la catástrofe causada por la DANA en varias comarcas valencianas, según indica la documentación disponible en el Portal de Contratación.
El Ejecutivo del Pacte del Botànic inició el procedimiento, tras haber aprobado el decreto de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), el proyecto que Mazón tumbó apenas cuatro meses después de haber aterrizado en el Palau de la Generalitat. Con el decreto de aprobación de la UVE, era “necesario disponer” de herramientas de 'software' para la “predicción del comportamiento de los riesgos meteorológicos e hidrológicos”, según indican los pliegos del contrato.
Elisa Núñez, la primera consellera de Justicia e Interior del Gobierno formado por Mazón con sus socios de Vox, continuó el proceso de adjudicación, heredado por la actual titular de la cartera autonómica de la que depende la gestión de las Emergencias, Salomé Pradas. Sin embargo, a pesar de que la adjudicación se produjo el 13 de diciembre de 2023, la formalización del contrato solo se hizo el pasado 26 de octubre, tres días antes de la catastrófica DANA.
El 'software' para la predicción del comportamiento de los riesgos meteorológicos e hidrológicos, según confirman varias fuentes, no estuvo operativo durante la primera reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi).
En el expediente se justifica que “se hace necesario disponer de herramientas de software para la predicción del comportamiento de los riesgos meteorológicos con especial incidencia por sus características a las inundaciones, todo ello en el marco del Plan Especial Frente al Riesgo de Inundaciones, y resto de herramientas de planificación y tanto en prevención como durante la emergencia y la fase de postemergencia para su utilización en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat”.
Fondos Next Generation
El contrato, adjudicado a una UTE formada por las empresas Hydrometeorological Innovate Solutions SL y Aquatec Proyectos para el Sector del Agua SAU, tenía previsto un presupuesto de 68.464 euros para comenzar a implementarse en el año 2023 y un aumento progresivo hasta 2025, a cargo de los fondos Next Generation. El importe total del contrato era de 811.687 euros, correspondiente a las anualidades comprendidas entre 2023 y 2025.
La mesa de contratación analizó las ofertas en noviembre de 2023 y, en diciembre, se consideró que la UTE cumplía los requisitos, por lo que se les adjudicó el contrato. Pero no fue hasta el 1 julio de 2024, siete meses después, cuando la entonces consellera de Justicia, Elisa Núñez, autorizó que se incorporasen remanentes de presupuesto a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.
Una semana después se rompió el Gobierno autonómico y Mazón tuvo que reorganizar sus efectivos. Salomé Pradas pasó a ocupar la cartera de Justicia e Interior. Cuatro meses más tarde, el secretario autonómico y director de la agencia, Emilio Argüeso, nombrado tras esa crisis, firmó el contrato por el servicio pocos días antes de la tragedia.
¿Por qué el Consell tardó 10 meses en continuar el procedimiento? La Conselleria de Justicia e Interior ni el departamento de Emergencias han contestado las preguntas de este diario, planteadas el pasado viernes. El secretario autonómico que firma el contrato afirma que se puso al día de los asuntos pendientes al llegar al cargo.
La ruptura del pacto del Ejecutivo y su posterior reestructuración explicarían una parte de ese lapso. Vox salió del Consell en julio y Mazón reestructuró el departamento en un día; lejos de llevar a cabo una remodelación en profundidad, echó mano de los efectivos que ya tenía en el Ejecutivo y en el partido.
El siguiente paso en la contratación, ya con los cambios efectuados por el PP en el Gobierno, se da el 15 de octubre, cuando la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias “dispuso el gasto derivado de la contratación” del 'software'. “La adjudicación queda condicionada a la efectiva existencia de crédito adecuado y suficiente una vez aprobados los presupuestos de la Generalitat para 2025 y 2026”, sostiene el contrato firmado entre el representante de la UTE y el secretario autonomico.
Un 'software' nacido de la Unidad Valenciana de Emergencias
Los pliegos de prescripciones técnicos aluden al decreto de creación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), el proyecto creado por el Gobierno de Ximo Puig y eliminado por su sucesor tildándolo de “ocurrencia” heredada de la etapa del Pacte del Botànic. El decreto de creación de la UVE establecía la obligación de la puesta en marcha de una unidad de análisis y evaluación en crisis derivadas de fenómenos meteorológicos, cuya implantación y dotación de personal funcionario ya estaba “en marcha”, según indican los pliegos de prescripciones técnicas del contrato del 'software'.
Los pliegos, firmados por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, pedían una herramienta “ya plenamente operativa a la fecha de presentación de las ofertas”. “La herramienta deberá tener unas características altamente especializadas para la gestión de las emergencias y el análisis de riesgos, no siendo aceptables soluciones de carácter básico de gestión de eventos”, agragan los pliegos.
La adjudicación del contrato también estaba condicionada por el hecho de que el 'software' pudiera trabajar sin conexión a la red, “con las limitaciones propias de la falta de funcionalidades basadas en datos exclusivamente accesibles vía internet”. La herramienta, según los pliegos, también debía ser capaz de “analizar, registrar e interpretar el máximo de fuentes” y de “emitir alertas en base a algoritmos propios o avalados por la comunidad científica” sobre, entre otros, la lluvia esperada, la vulnerabilidad de bienes y personas y la acumulación de lámina de agua en entornos urbanos.
La gestión de Vox en Emergencias
Carlos Mazón dejó a Vox la gestión de las Emergencias, en virtud del pacto de Gobierno que suscribió al poco de ganar las elecciones. Nombró como consellera de Justicia e Interior a Elisa Núñez, que dejó el partido cuando Santiago Abascal ordenó romper los pactos de Gobierno autonómicos con el PP.
La consellera tuvo durante el primer verano en que estuvo al frente del departamento a cargos nombrados por el PSPV-PSOE en sus funciones hasta que encontró a alguien del partido a quien encomendar la gestión. Al mando de Emergencias situó a Ángel Javier Montero Hernández, exalto cargo del PP en la Generalitat con Alberto Fabra, exdiputado provincial y letrado en el Ayuntamiento de Chiva. Pese a su clara vinculación con el PP, entonces se dijo que el nombramiento se había producido a propuesta de Vox.
En julio de 2024, cuando Vox rompió con el PP, Mazón reestructuró el Gobierno en una reforma exprés, apenas un día después de la salida de los ultras. Situó al frente de Justicia e Interior a Salomé Pradas, abogada, exsenadora y hasta entonces consellera de Medio Ambiente.
En el segundo escalón nombró a Emilio Argüeso, exsenador expulsado de Ciudadanos y comisario de Policía Local en excedencia, al que puso de secretario autonómico, y a Alberto Javier Martín Moratilla, bombero y técnico de emergencias, como director general de Emergencias y Extinción de Incendios. Estos nombramientos se produjeron el 12 de julio.