El conocido como ‘modelo Alzira’, la concesión a empresas privadas de la sanidad pública, ha facturado más de 7.500 millones de euros a la Generalitat Valenciana desde el año 2003 hasta 2018. Esta cantidad es equivalente a la mitad de todo el presupuesto anual del último ejercicio del PP en el Consell.
La principal beneficiaria de esta fórmula ha sido Ribera Salud, creada para este fin en 1997 por personas próximas al PP y controlada en la actualidad por Banco Sabadell y la multinacional Centene Corp. Desde su funcación, Ribera Salud ha gestionado las áreas sanitarias de Alzira (hasta 2018) y Manises (hasta 2012), y en la actualidad controla Torrevieja, Elche y Dénia (esta última con la aseguradora DKV). La otra firma que opera en la Comunitat Valenciana es Sanitas (área de Manises).
Eduardo Zaplana fue el impulsor de un polémico modelo de privatización sanitaria que desarrolló Francisco Camps y luego copiaron otras comunidades, como la madrileña. En la Comunidad Valenciana, cerca de un millón de personas han llegado a estar gestionadas por esta fórmula de pago capitativo (por número de pacientes), al que se suma el pago por procesos, si bien en marzo de 2018 finalizó el contrato de Ribera Salud en Alzira y por decisión del Govern del Botànic (PSPV y Compromís con apoyo de Podemos) volvió a ser pública.
Uno de los retos que se fijó el gobierno valenciano en 2015 con la consellera Carmen Montón al frente fue la reversión de estos servicios y el cambio de modelo sanitario. La actual legislatura se ha caracterizado por un choque frontal de las empresas privadas que han defendido su modelo de negocio. De hecho, todavía están pendiente de resolución y judicializadas gran parte de las liquidaciones.
A las cantidades acumuladas por las empresas del modelo Alzira hay que sumar las de otros servicios privatizados, como el Instituto Valenciano de Oncología (IVO), las resonancias magnéticas, los planes de choque o el transporte sanitario. 1.000 millones al año, lo que representa uno de cada 6 euros de la Conselleria de Sanidad.
Estos datos forman parte del trabajo que publicará la Institució Alfons El Magnànim en las próximas semanas y que ha llevado a cabo del periodista Sergi Castillo Prats, autor de los libros Tierra de Saqueo, la trama valenciana de Gürtel y Yonquis del dinero. Las 10 grandes historias de la corrupción valenciana (Lectio Ediciones, 2014/2015) y colaborador de varios medios de comunicación. La batalla per la sanitat valenciana será el cuarto volumen de la colección Periodisme del Magnànim, y fue seleccionado por la II Beca de Periodismo de Investigación Josep Torrent convocada por la Unió de Periodistes Valencians.
El trabajo cuenta con el testimonio de la exconsellera y exministra Carmen Montón y el de portavoces de las plataformas en defensa de la sanidad pública y los sindicatos, así como la versión oficial del PP valenciano y de algunos de los principales responsables empresariales beneficiados por las privatizaciones. Este es el caso del consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, o el director gerente del IVO, Manuel Llombart, quien a su vez fue el último conseller de Sanidad de la etapa del Partido Popular.
El libro analiza la gestión en este ámbito durante la etapa del PP en la Generalitat (1995-2015). “El periodo investigado se ha caracterizado por la corrupción sistémica en todos los estamentos de la administración autonómica valenciana”, señala el autor en la introducción. “No es casual que 5 de los 8 consellers de Sanidad y 3 de los 4 presidentes autonómicos estén inmersos en escándalos de corrupción. Los empresarios sanitarios han sacado fondos a paraísos fiscales y han compartido negocios con los protagonistas de los casos Gürtel y Taula”.
Además de destripar el modelo Alzira y la corrupción en la Conselleria de Sanidad, el trabajo desvela quienes son “los amos de la sanidad valenciana”, y analiza la cuestionada gestión en las resonancias magnéticas, el transporte sanitairo y el IVO. Finalmente, Sergi Castillo aborda las dificultades del gobierno de Ximo Puig para desmontar el entramado creado, las presiones de este poderos lobby y los peligros que acechan el futuro de este servicio público.