La Intervención General del Estado ha detectado irregularidades en “la práctica totalidad” de los adjudicaciones a la agencia de comunicación Crespo Gomar que fueron investigados por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia en relación con la supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE y Bloc-Compromís.
Tras estudiar una denuncia del diputado del PP y exvicepresidente de la Generalitat, José Císcar, la jueza que se hizo cargo de la investigación -la misma encargada del caso del accidente de metro de 2006- vio indicios de financiación irregular, falsedad continuada, malversación y prevaricación.
Por este motivo, en un auto al que ha tenido acceso EFE -fechado el pasado mes enero- la titular de Instrucción 21 acordó la inhibición de la investigación en favor de los juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia.
La magistrada encargó un informe a la Intervención General del Estado que constató irregularidades en los expedientes de contratación adjudicados a Crespo Gomar desde el Ayuntamiento de Benidorm en 2010, el Ministerio de Vivienda en 2009 o el de Medio Ambiente en 2007, en todos los casos desde administraciones controladas por el PSOE.