El PP valenciano navega en aguas turbulentas en lo que a la financiación autonómica se refiere. Los populares, que han cargado duramente contra el pacto del PSOE y ERC que abre la puerta a la condonación de parte de las cargas económicas que soportan las comunidades autónomas, con la valenciana como la más beneficiada -por ser la más endeudada-, combinan esta posición con la de reclamar más recursos al Estado a través del sistema de financiación y la renuncia a más ingresos a través de los impuestos. Hasta la fecha, la postura de los de Carlos Mazón ha sido la de rechazar lo que consideran una concesión al independentismo y exigir que la Comunitat Valenciana reciba los mismos o más recursos que Catalunya, una reclamación que choca con la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la de sus socios de gobierno de Vox.
En este contexto, con la conformación del nuevo gabinete de ministros de Pedro Sánchez, los populares han salvado con el apoyo de la izquierda la reclamación al Gobierno central de una reforma del sistema de financiación, un fondo que compense la infrafinanciación valenciana y la condonación de la llamada deuda histórica, aquella que deriva de la insuficiencia de recursos. Vox, su socio en las Corts Valencianes y en la Generalitat Valenciana, se ha desmarcado del asunto, alegando que perdonar la deuda a las comunidades se traduce en mayor presión fiscal. Junto a las políticas contra la violencia de género y el cambio climático, la financiación autonómica, un tema clave para la prestación de servicios públicos, es una de las grandes brechas en el bipartito que preside Carlos Mazón.
La propuesta que el PP ha defendido en las Corts Valencianes insta al Consell de la Generalitat Valenciana a pedir al Gobierno central un nuevo modelo que compense las carencias e incluye un apartado específico sobre la deuda histórica. Dice así: “Que el modelo de financiación aborde la deuda histórica de la Comunitat Valenciana. Y, por tanto, se deben articular mecanismos de devolución a la Comunitat Valenciana de las cantidades asumidas por la deuda histórica”. Esta deuda se cifra en unos 48.000 millones de euros, más del 70% de la deuda total de la autonomía, según los informes de expertos en financiación. “El nuevo modelo de financiación debe asumir los costes básicos de las comunidades autónomas en materia de educación, sanidad y políticas sociales, rompiendo el statu quo actual y teniendo como premisa la población ajustada (hoy el 11,06%), todo ello según los informes de los expertos”, recalca la proposición.
La iniciativa ha salido adelante con los votos del PSPV y Compromís, que critican la posición de los socios de los conservadores. La diputada de Compromís Aitana Mas ha pedido al PP que tenga una posición unificada en el Estado y se pueda abordar el debate en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras que el socialista José Muñoz ha recalcado la discrepancia evidente entre el PP y los ultras.
Vox es el único partido que no forma parte de la Plataforma Per un finançament Just, cuya reivindicación apoyan patronal y sindicatos, y es la formación que ha roto la unanimidad en esta cuestión en el Parlamento autonómico. Los integrantes de la ultraderecha parlamentaria hablan de “la gran mentira de la infrafinanciación autonómica”, en palabras de la diputada Teresa Ramírez, que asegura que “el debate solo nos ha llevado a un aumento del mal uso de los impuestos, la insolidaridad y la desigualdad”, empleado para “comprar los votos de los partidos independentistas”.
Para Vox, esta cuestión sirve para justiciar “la pésima gestión de los impuestos”, es algo que “no es responsable ni justo” y la deuda se debe a la “duplicidad de organismos e institutos inútiles”. “Condonar es mentir”, ha afirmado la diputada, que considera que acabará en más presión fiscal.
Los populares, que quitan hierro al desacuerdo, han insistido en la comisión de las Corts Valencianes: “Siempre hemos defendido que estamos infrafinanciados”. También defienden que parte de la deuda responde a ello. “No vamos a permitir que otras comunidades autónomas, a base de pactos, pisen los derechos que necesita la Comunitat Valenciana”, ha dicho la diputada popular María Gómez. Mientras se producía el debate, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, recalcaba tras el pleno del Consell, ante una pregunta sobre la condonación de la deuda: “Cualquier otra medida que no sea la reforma del sistema de financiación es una medida pasajera”.