Las políticas públicas que pretendan mirar a largo plazo deben ser capaces de atender lo urgente y lo importante. Y el cambio climático, cuyas consecuencias ya son palpables, forma parte de este mismo grupo. El catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante Jorge Olcina coordina junto al catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Valencia Joan Romero el mayor estudio sobre impacto del cambio climático en las regiones mediterráneas: Cambio climático en el Mediterráneo. Procesos, riesgos y políticas, una obra colectiva editada por Tirant lo Blanch. Su investigación advierte a las ciudades y a las administraciones públicas de la necesidad de adoptar cambios urgentes para adaptarse al nuevo paradigma.
En conversación con elDiario.es, Olcina considera un imperativo que la planificación urbanística y las grandes infraestructuras contemplen el cambio climático como un elemento más: “Tenemos que ser conscientes de que el cambio climático es una oportunidad para empezar a hacer las cosas bien”.
Hemos pasado de hablar de los efectos futuros del cambio climático a notar los presentes: Las DANA, la sequía, las noches tropicales... ¿Cuál es el escenario inmediato?
Las tendencias que se están viendo de pérdida de confort térmico y precipitaciones van a seguir. La adaptación mediterránea del proceso de calentamiento cada vez es mas evidente.
En la presentación del libro afirmó con rotundidad que el cambio climático debe ser el eje que vertebre las políticas públicas este siglo. ¿Cómo adaptar las normas y las ciudades?
Ya tenemos herramientas legales como la ley de cambio climático estatal y la autonómica. Ahí tenemos orientaciones de cómo hacer los procesos de adaptación y mitigación. La pieza básica de todo este proceso van a ser los municipios, la escala local. Creo que los municipios deberían empezar a diseñar sus planes de adaptación; es una hoja de ruta donde se deciden en los próximos años, al menos en esta década, aquellas actuaciones desde el punto de vista urbanístico, económico o sanitario para incorporarlas a la gestión diaria y reducir los efectos del cambio climático.
¿Qué líneas deberían abordarse en las leyes en tramitación?
Hay dos grandes paquetes de medidas: uno es las medidas energéticas que persiguen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e incentivar las energías de tipo alternativo, limpias. Esta va a ser una línea importante. Ahí el Gobierno va a ir marcando las pautas y las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que ir aplicando los objetivos marcados, desde el Gobierno y desde Europa.
Por otro lado, las acciones de adaptación. Aquí hay mucho margen de trabajo para las comunidades autónomas y municipios. Toda la planificación territorial que se haga ya debe incorporar el cambio climático como un elemento a tener en cuenta; hasta ahora no lo han hecho. Todas las ciudades van a tener que cambiar sus sistemas de captación de aguas pluviales; el tipo de lluvia que tenemos está cambiando, hay que redimensionar los sistemas de alcantarillado, crear depósitos... Hay que hacer verdes las ciudades, plantar más arbolado en las aceras contra el calor estival, que va a ser más acusado, hay que crear islas de frescura a partir de la vegetación, ampliar las zonas verdes debe ser una prioridad, especialmente en el litoral porque el calor se hace cada vez menos soportable. Hay que adaptar los edificios para aprovechar la luz solar, que estén aireados, con terrazas y azoteas verdes...
Estos son instrumentos que deberían arrancar cuando se aprueben las leyes. Pero, en las actuaciones que ya están en marcha...
No es necesario esperar a las leyes. Los ayuntamientos en sus ordenanzas urbanísticas ya tienen margen.
Lo comentaba porque hay infraestructuras heredadas de épocas anteriores, que ahora están en debate, en las que quienes plantean introducir los criterios ambientales actuales se topan con cierta reticencia. ¿Deberían aplicarse esos criterios que están en la nueva legislación a las actuaciones que se están haciendo ahora?
Sí. Las leyes lo que harán es no dejar excusa para no hacerlo. Pero los ayuntamientos tienen que empezar a planificar su futuro teniendo en cuenta el cambio climático. Sí o sí, la planificación territorial y urbanística tiene que tenerlo.
En el informe introducen el concepto “mediterranización del cambio climático” ¿Qué particularidades tienen las regiones mediterráneas?
El mar se esta calentando mucho. Se han calentado las aguas el doble que el aire. Esto está imprimiendo varios efectos en elementos del clima. Una pérdida de confort térmico que prolonga el calor por las noches, altera las lluvias, con precipitación de tipo más torrencial.
Usted ha podido consultar el borrador de la ley autonómica de cambio climático. ¿Qué opinión le merece?
He participado en el comité de expertos que asesoran en esta materia. No he visto la última versión -ha pasado por varios informes- pero es más ambiciosa que la estatal; va a obligar a los municipios a tomar conciencia de que el cambio climático es un problema que se puede resolver.
Hay cierta discusión en la comunidad científica, con unos sectores que abogan más por los acuerdos internacionales que por las acciones pequeñas.
Yo creo que los acuerdos internacionales tienen efectividad pequeña; está el ejemplo de Kyoto y París y las emisiones han aumentado. Si confiamos en eso, estamos perdidos. No podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que trabajar desde las escalas en las que tenemos capacidad.
¿Cree que los parlamentos autonómicos y el Gobierno están preparados para abordar esta cuestión? Comentaba la consellera en la presentación la burocracia eterna para legislar la urgencia; las comisiones tardan años en estudiar un tema...
Es un tema relativamente nuevo [en lo legislativo]. Vamos un poco lentos, no hay una conciencia general; la clase política no tiene conciencia de la urgencia que supone la actuación. Habrá que ir imprimiendo velocidad en las actuaciones. Estamos en un contexto nuevo. Este proceso no tiene vuelta atrás.
¿Considera que infraestructuras o proyectos como la V-21, la ampliación del Puerto de Valencia, los nuevos PAI o PGOU tienen en cuenta esta perspectiva?
A priori no lo parece. Son planes recuperados de ideas de los años noventa, pensados en plena ebullición inmobiliaria. Esto ha cambiado; las transformaciones urbanísticas y territoriales no pueden ser las de antes. Cuanto más tardemos en entenderlo, peor para todos. Europa en sus normativas nos lo impide. Tenemos que ser conscientes de que el cambio climático es una oportunidad para empezar a hacer las cosas bien. Las actuaciones que nos recuerdan épocas pasadas, cuando consideraba la gente que el territorio era capaz de soportarlo todo, se han acabado.
Del mismo modo que en la pandemia hemos visto que no se puede separar salud y economía, empezamos a ver que el cambio climático tampoco puede desligarse de ambas cuestiones. Sin embargo, da la sensación de que las llamadas políticas verdes y la transición ecológica son aun compartimento estanco, una conselleria que mira a las demás ¿Cómo puede hacerse transversal?
A nivel de gobernanza hemos de tener claro que una conselleria de cambio climático tiene que tener un rango justo después del del alcalde o del president. Es un rol importante que nos tiene que acompañar durante todo el siglo.
El profesor Joan Romero y usted hablaban en la presentación de la necesidad de conciliar lo importante y lo urgente en estas dos crisis que se han solapado. ¿Cómo se puede lograr?
Si todo va bien, la crisis sanitaria en breve dejara de ser tan urgente. Los objetivos próximos están claros, los fondos europeos orientados a eso, las políticas económicas, sanitarias... deben estar enfocadas al cambio climático que había empezado antes de la pandemia. Ya había gobiernos, sectores económicos, que empezaron a trabajar en esta cuestión, como el turismo en municipios como Benidorm. Tenemos que aprender algo también de la iniciativa privada.
Sin embargo, uno de los debates de esta semana versa sobre el trasvase del Tajo-Segura contra la sequía, que no deja de ser una consecuencia del cambio climático y no sobre el cambio de modelo agrícola.
En este caso hay que sentar a las partes, gobierno central, regionales y sectores económicos y explicarles lo que sucede. En un contexto de cambio climático hay que buscar soluciones para gestionar bien el agua que tenemos, soluciones con viabilidad futura. No podemos engañar a la gente con promesas de nuevos trasvases que no van a llegar; hay que asumir que va a ser así.
¿Tendremos que cambiar el mapa agrícola valenciano?
En principio no. Pero tendremos que adaptar las especies a un contexto climático más árido, más caluroso. Hay que ir reflexionándolo, pero no hemos empezado. Tenemos que buscar cultivos idóneos. No se va a acabar el cultivo, ni el turismo, hay que evitar el alarmismo, pero hay que sentarse a trabajar. Hay que decir que en 2040 los modelos señalan esto y que vamos a ver por dónde puede ir. Sentarse a hablar entra en la lógica democrática.
¿En este momento de emergencia permanente, como ha sido la última década, tiene esperanzas de que alguien se siente a hablar?
Si no se puede hablar, estaremos en un conflicto permanente; que es lo que se ve con la guerra del agua de los últimos años. El problema ha estado, no lo hicimos con una situación de lluvia favorable... Ahora viene la emergencia, que es difícil de gestionar, en muchos aspectos. La iniciativa privada a veces va por delante: lo han hecho algunos hoteleros, cadenas de supermercados reduciendo los plásticos... Tenemos que entender que es un proceso que nos afecta a todos.
¿Hemos superado el negacionismo respecto al cambio climático?
Lamentablemente no. Sigue habiendo intereses: hay gobiernos que no apoyan los acuerdos internacionales y es perjudicial. Pero un 99% de la ciencia y un porcentaje amplio de la ciudadanía, según se ha visto en estudios, señalan que el cambio climático es un elemento de preocupación para más del 70% de ciudadanía española, eso nos da esperanza. La ciencia va aportando argumentos para evidenciar lo evidente: que el calentamiento está ahí.