El juez imputa a la mujer y un hijo del expolítico del PP Carlos Fabra por ayudarle a ocultar bienes para no pagar 1,4 millones de la condena

El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, Jacobo Pin, ha levantado el secreto de las actuaciones sobre la causa que motivó el registro de la casa particular del que fuera presidente de la Diputación de Castellón durante 16 años por el PP, Carlos Fabra. El juez ha imputado al expolítico del PP, a su esposa, un hijo y a una cuarta persona por la presunta comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación.

El juzgado investiga si el expresidente de la Diputación castellonense ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón del año 2013 (confimada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales. El juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Carlos Fabra llegó a atesorar casi tres millones de euros en cuentas corrientes y fue condenado por no pagar los correspondientes impuestos, en concreto 700.000 euros. De hecho, fue condenado por cuatro delitos fiscales al no poder los investigadores acreditar la procedencia ilegítima -pero tampoco legítima- de tan importantes sumas de dinero en un político cuyo salario no superaba los 90.000 euros anuales.

En la investigación y durante el juicio se interrogó a los chóferes del expolítico, quines ingresaron importantes cantidades en metálico en las cuentas corrientes de Carlos Fabra. Los investigadores cotejaron que el dinero no había sido ganado en la lotería, pese a que fue agraciado en dos ocasiones, pero tampoco del sudor de su frente. Finalmente se salvó de ser condenado de graves delitos como la malversación o el cohecho y solo pasó 16 meses entre rejas.

Fabra vuelve a primera línea política y se volverá a enfrentar al juez instructor que lo sentó en el banquillo. Esta semana, cuatro unidades de la Policía Nacional se personaron en su vivienda particular en la conocida urbanización Platgetes de Oropesa para un registro que duró más de seis horas. La policía se llevó documentación y un disco duro. Los cuatro imputados están citados los próximos 28 y 29 de octubre.