El magistrado Joaquim Bosch, miembro de Jueces para la Democracia, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, han participado este miércoles en una jornada, organizada por UGT-PV, sobre el Derecho a Huelga y a la Libertad de Expresión en Democracia. En este contexto, Bosch ha destacado que vivimos en una sociedad segura en la que los problemas son de desempleo, precariedad laboral, acceso a la salud, al tiempo que ha lamentado que la Ley de Seguridad Ciudadana o 'Ley Mordaza' “en el fondo pretende limitar el ejercicio responsable de las libertades para dificultar que se escuchen las discrepancias frente a los planteamientos del gobierno”.
En su opinión, esta ley es inconstitucional, ya que “pone en peligro los derechos fundamentales de la ciudadanía, lo que hace pensar que para el gobierno hay unas ideas que valen más que otras”. En opinión de Bosch, lo alarmante es que el Código Penal se haya endurecido en lo referente a los derechos a huelga, expresión o manifestación pero que siga prácticamente igual para los casos de corrupción, cuando “estamos asistiendo a multitud de casos que demandarían precisamente una modificación legislativa más contundente frente a los casos de corrupción”.
Bravo, por su parte, ha rechazado que la Administración “haga un juicio anticipado”, que es lo que apunta pasa con esta ley, que considera “ha estigmatizado a quienes ejercen el derecho a huelga”. La 'Ley Mordaza' “nos lleva a tiempos de Primo de Rivera, ya que la arranca del código penal de ese periodo”, ha asegurado la consellera de Justicia, que insiste en que la norma debe ser clara para evitar que los jueces puedan cometer arbitrariedades“.