Recuperar los derechos a la verdad, la justicia y la memoria es el principal objetivo de la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia en la Comunitat Valenciana, una normativa cuyo incumplimiento será sancionado, en los casos más graves, con hasta 150.000 euros.
El anteproyecto de esta ley, que se prevé pueda entrar en vigor a mediados del próximo año, ha sido presentado este jueves por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en un acto al que han asistido el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.
Tanto Puig como Bravo han coincidido en destacar que no es una ley “revanchista” sino que pretende “integrar a todas las víctimas, de ambos bandos” y ser “un instrumento que sirva para cohesionar, no para dividir”.
Actualmente hay casi 300 fosas comunes con víctimas de los dos bandos sin identificar en la Comunitat Valenciana, donde murieron casi 11.000 personas, la mitad de ellas por la represión franquista y la otra mitad por la republicana.
La nueva normativa da un plazo de un año desde su entrada en vigor para la retirada de elementos que sigan sustentando y apoyando el régimen franquista y establece sanciones de hasta 150.000 euros en los casos más graves cuando se incumplan las obligaciones establecidas en la ley.
Censo de víctimas y desaparecidos
Además, pretende crear un censo de víctimas y de desaparecidos, recuperar la documentación que fue confiscada y forma parte del patrimonio cultural de los valencianos, y poner en marcha un Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, organismo autónomo que canalizará las medidas que contempla la ley.
Puig ha destacado que la nueva ley pretende “recuperar y preservar la memoria democrática” y que es “imprescindible” reconocer y honrar a quienes, ha dicho, se esforzaron por sentar las bases de la libertad y de los principios democráticos hace 80 años.
Por su parte, Oltra ha señalado que esta normativa “velará” por la convivencia y la recuperación de la historia y ha destacado que el Consell “va reparando, poco a poco, el dolor de las víctimas del franquismo”.
Mapa de fosas comunes
La consellera de Justicia ha señalado que se completará el mapa de localización de las fosas comunes que hay en la Comunitat, porque es posible que haya “muchas más” de las estimadas, y se intervendrá en ellas para la localización de las víctimas desaparecidas y la exhumación e identificación de los restos.
También se prohibirá la construcción sobre aquellos terrenos en los que se presuma de la existencia de restos y la Generalitat denunciará, ante la autoridad judicial, la existencia de indicios de comisión de delitos que se aprecien con motivo de las localizaciones, identificaciones o hallazgos de restos que se produzcan.
En materia de documentación, la futura norma prevé la constitución de una Comisión técnica que lleve a cabo una investigación sobre la desaparición de los fondos documentales públicos de la Comunitat e inste al Consell a que impulse medidas para la restitución del patrimonio confiscado.
Además, se prohibirá la exhibición pública de símbolos o elementos a la memoria democrática, y de actos públicos que menoscaben la dignidad de las víctimas y de sus familias o en homenaje del franquismo o de sus responsables.
En este aspecto, la consellera ha señalado que si el próximo 20 de noviembre se celebran actos u homenajes con motivo de la muerte de Francisco Franco, se promoverán “medidas, siempre desde el respeto a la libertad de expresión, para impedirlos”.
Gabriela Bravo ha destacado que algunas de las medidas que contempla la ley se basan en las recomendaciones que desde hace tiempo ha hecho la ONU a España en relación con el “desamparo de las víctimas del franquismo”.
Bravo, que ha indicado que si todo sigue el trámite normal la ley podría ser aprobada antes del verano o en septiembre de 2017, ha señalado que se ha incrementado un 60 % la dotación de la Dirección General de reformas democráticas para atender la puesta en marcha del Instituto Valenciano de la Memoria.