El juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, que investiga la supuesta financiación ilegal del PSPV por el concurso de publicidad del Plan de la Vivienda 2009-2012 otorgada por el ministerio que dirigía Beatriz Corredor a la empresa de comunicación Crespo Gomar por 148.400 euros, ha declarado la causa compleja. De este modo, la magistrada, Mercedes Pérez Barrios, amplía el plazo para la instrucción, en la que se investigan delitos de prevaricación adminsitrativa y malversación, hasta un máximo de dieciocho meses a petición de la Fiscalía.
La jueza abrió diligencias a raíz de la causa remitida por el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que en diciembre de 2016 inició una investigación por presuntos delitos de prevaricación, malversación y delito electoral después de que la policía remitiera un informe sobre una supuesta financiación irregular de los socialistas valencianos y Compromís entre 2007 y 2011. El juzgado valenciano se decaró no competente para proseguir con la instrucción y remitió la causa a cuatro juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid (2).
Pérez Barrios citó a declarar como imputados a tres miembros de la mesa de contratación del Ministerio de la Vivienda que en 2008 adjudicó el contrato de publicidad del Plan de la Vivienda a Crespo Gomar. Según un informe de la Intervención General a portado a la causa, este contrato estaba plagado de irregularidades que según la Fiscalía podrían ser “constitutivas de delito”.
Archivada la causa en Sanidad
El pasado mes de julio, el juzgado de Instrucción número 43 de Madrid archivaba la causa que afectaba a los contratos de la agencia de comunicación valenciana con la dirección general de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad que dirigía el también socialista Bernat Soria. En esta causa se investigaba a Etelvina Andreu, excandidata del PSPV a la alcaldía de Alicante, como responsable de Consumo en 2008, cuando fueron adjudicados los contratos.