El Gobierno valenciano impulsa un nuevo contrato programa para la radiotelevisión pública valenciana À Punt y quiere incorporar más contenidos en castellano. El documento legislativo en vigor caducará en enero y será prorrogado mientras el Ejecutivo de Carlos Mazón trabaja con la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació en un nuevo marco para el servicio público, con la intención de que este incluya más emisiones en castellano.
El secretario autonómico de Comunicación, José Manuel Cuenca, apuntó en la comisión parlamentaria del espacio audiovisual la intención del Consell de Carlos Mazón de aumentar las emisiones en castellano en aras de mejorar la audiencia de la radio y la televisión. Para Cuenca, los objetivos de servicio público que guían al ente no pueden cumplirse si la cadena pública “no cuenta con un elevado nivel de aceptación, reconocimiento e implantación”. “Queremos una televisión pública presente, no invisible ni que los valencianos no sientan como propia”, dijo durante su intervención, donde apuntó a un cambio normativo.
El responsable de Comunicación de la Generalitat Valenciana vincula la escasa presencia de los medios públicos en las comarcas de Castellón y Alicante con el uso del valenciano como lengua vehicular. Para el secretario autonómico, lo idóneo sería que la televisión pública la vieran “el mayor número de ciudadanos”. Cuenca preguntó a los diputados qué les parecía mejor, si “una televisión que llega a 100.000 personas con una parte en valenciano o una televisión que vean mil personas y toda en valenciano”, asegurando que À Punt es la televisión autonómica menos vista. Para el responsable autonómico, las mejoras pasan por introducir más castellano, porque, a su juicio y según los datos de implantación territorial, en las comarcas alicantinas los ciudadanos castellanohablantes “se sienten expulsados del servicio público”. “Esta situación no puede prolongarse más, es una anomalía”, señaló.
“Los datos demuestran que À Punt tiene una menor implantación en las provincias de Alicante y Castellón, lo cual tiene que ver con la utilización en exclusiva de una de las dos lenguas cooficiales de nuestra comunidad. Debemos ser muy conscientes de que ello implica alejar de nuestra parrilla a un elevadísimo número de ciudadanos, y por tanto, renunciar explícitamente a incorporar a un número muy considerable de usuarios del servicio que en la actualidad dan la espalda a la televisión pública. No puede haber brechas de rechazo en nuestra televisión ni en nuestra radio. La lengua no se puede convertir en una brecha estructural rígida e intransitable y ahora lo es. Una situación incompatible con la función de servicio público que tiene encomendada la radiotelevisión”, defendió Cuenca en su intervención, en la que también insistió en la vertebración territorial. En su argumento, apuntó además que una parte del sector audiovisual plantea “reducir las diferencias existentes entre las preferencias del público y la oferta existente”, y favorecer el surgimiento de empresas con mayor capacidad financiera para acometer grandes producciones.
En la ley del servicio público de radiodifusión, aprobada en 2016 en las Corts Valencianes, se indica que los contenidos deben ofrecerse “de manera accesible y en valenciano, que se completará con la emisión multilingüe de las obras audiovisuales en castellano e inglés o, en su caso, en versión original. En este supuesto, se garantizará el subtitulado al valenciano y al castellano”. De acuerdo a la misma norma, entre los principios que rigen las emisiones se encuentra “promover la cohesión territorial y la diversidad lingüística mediante la difusión en valenciano, que será la lengua vehicular de los medios públicos que dependan de Generalitat Valenciana”. La reforma requiere un cambio legal que debe aprobarse en las Corts Valencianes por una mayoría de tres quintos, aunque ya se han utilizado otras fórmulas a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos para modificar algunos aspectos de la televisión. En la pasada legislatura el acuerdo para introducir mejoras como la fusión de la Corporación y la Sociedad anónima se dio por imposible entre cuatro de los seis partidos presentes en la Cámara.
En el debate de la ley de acompañamiento a los presupuestos, PP y Vox impulsaron una modificación legislativa para cambiar la composición del Consell Rector, que incluía también una modificación del mandato marco de la televisión pública. Tras las críticas de la oposición y buena parte del sector audiovisual, Mazón anunció que el PP retiraba la enmienda.