La vicepresidenta y titular de Igualdad del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha solicitado comparecer en el Parlamento autonómico para explicar el informe sobre abusos a menores tutelados en centros de acogida, centros socioeducativos y en régimen de acogimiento familiar en la Comunitat Valenciana. La también portavoz del Gobierno autonómico ha remitido un escrito a las Corts Valencianes, que decidirán este martes la fecha de su comparecencia en la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que opera cuando no hay periodo de sesiones ordinario.
La solicitud de comparecencia se enmarca en la campaña iniciada por el PP a raíz de un documento del Síndic de Greuges, el equivalente valenciano al defensor del pueblo, sobre abusos en menores tutelados, en respuesta a una queja del propio PP sobre la falta de protocolos de detección. El informe, elaborado con los documentos de la Conselleria de Igualdad y a los que el PP ha tenido acceso, señala que el Gobierno autonómico ha detectado en el último año 175 casos con sospecha de violencia sexual en menores sobre los que existe alguna medida de protección. Tanto el dirigente del partido en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, como el dirigente nacional, Pablo Casado, han exigido a Ximo Puig y Pedro Sánchez “depurar” responsabilidades en el Gobierno valenciano y su portavoz en las Corts Valencianes, Maria José Catalá, considera que la gestión “se ha convertido en un escándalo” porque “el 72% [de los menores víctimas] estaban en acogimiento residencial”. Los populares asocian estos casos detectados con la condena a un educador, exmarido de la vicepresidenta, por abusar de una menor tutelada en 2017 y desde el PSPV cargan contra el “uso partidista” de los casos.
El documento del Síndic de Greuges, que es el exdiputado socialista Ángel Luna, resume la información que el departamento de Oltra facilitó ante los requerimientos de la institución. De los datos recabados por los servicios de protección de menores se desprende que la mitad de los abusos a menores tutelados se han producido por personas con algún parentesco con la víctima, que más de la mitad de los presuntos agresores son mayores de edad y que ningún presunto agresor es un profesional del sistema de protección. En concreto, en 145 casos se investiga a personas ajenas al sistema y en 26 de ellos se desconoce; mientras que en cuatro se investiga a profesionales de centro educativo, actividades de ocio y relacionados.
El documento del Síndic, anexo a la resolución que responde a la petición del PP, subraya que “el 9,7% de los casos notificados se produjeron en el interior del centro residencial, mientras que el 42,7% se produjeron en el domicilio familiar de la víctima”. El texto remitido por la conselleria de Oltra indica expresamente que, en los detectados en un centro “todos los casos acaecidos han sido provenientes de otras personas menores de edad residentes”.
El informe de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, al que ha tenido acceso elDiario.es, recalca que las derivaciones realizadas incluyen diferentes causas. “Además de posibles agresiones sexuales se han realizado derivaciones por situaciones de abuso sexual (acoso sexual, tocamientos y conductas sexuales inadecuadas)”, que también se derivan a valoración psicológica, aunque no sean delictivos. El informe del Síndic recoge este dato señalando que “la diversidad de formas en las que se producen estos abusos ha ido diversificando”, y cita la difusión de contenido sexual de terceros sin consentimiento y el grooming -acoso que implica el contacto entre un adulto y un menor para involucrar al segundo en actos sexuales-. Tanto el informe de Luna como el del departamento de Oltra señalan que existen casos contabilizados que responden a “conductas sexuales inadecuadas no delictivas” y que, en los casos en los que el supuesto agresor es menor de 14 años -y por tanto inimputable- también se han trasladado a Fiscalía. En concreto, se han interpuesto 118 denuncias judiciales de los 175 casos detectados y trasladados a la Fiscalía.
Transparencia en la publicación de datos
En 2020 Igualdad estableció la obligatoriedad de contar con una base de datos específica que recoja aquellos relativos a denuncias y procedimientos abiertos relacionados con violencia sexual a menores con medidas de protección, de los 4.000 menores bajo tutela pública en la Comunitat Valenciana. Los recursos de infancia y adolescencia están obligados a comunicar expresamente desde febrero de 2020 “cualquier comunicación que haga el niño o niña de haber sufrido algún tipo de abuso o agresión”, sean estos hechos “cometidos o sufridos” en el hogar, residencia, unidad externa o fuera del recurso, “por parte de las personas menores de edad acogidas o jóvenes atendidas, del que se tenga conocimiento por cualquier medio” y que afecten directamente a las personas acogidas o atendidas por el sistema público. El documento destaca una serie de actividades e información facilitada a los propios menores para que sean conscientes de sus derechos y de los recursos disponibles si sufren o conocen algún abuso o agresión.
Los abusos sexuales a menores tutelados se han convertido en una pugna política en las distintas autonomías. Los populares cargan duramente contra los gobiernos de coalición liderados por el PSOE en Baleares y en la Comunitat Valenciana -en este caso, un departamento de titularidad de Compromís-, mientras que, en el caso de la red de explotación de menores en la Comunidad de Madrid, la formación ha pedido que la investigación se trate con respeto, recordando que los menores tutelados son personas de una vulnerabilidad extrema.