El escándalo estalló tras la Nochebuena de 2019 con el arresto de los supuestos implicados en la violación grupal de una menor tutelada de 13 años de Mallorca y el caso ha llegado hasta Bruselas. Entremedias, duros enfrentamientos a nivel parlamentario, intentos de politización, vuelcos en las investigaciones y nuevas denuncias. Las pesquisas en torno a la presunta explotación sexual de menores en la isla no han dejado de arrojar nuevas pistas sobre qué sucede tras cada uno de estos casos, un asunto que, tal y como denuncian varios expertos, en declaraciones a elDiario.es, “algunos se empeñan en convertir en una guerra política”, a pesar de tratarse de una lacra que afecta “a prácticamente todas las comunidades autónomas”.
El trasfondo de los abusos infantiles se ha erigido en detonante de acaloradas pugnas entre los partidos que gobiernan a nivel autonómico y mallorquín –PSOE, Podemos y la formación econacionalista MÉS– y entre la oposición –PP, Ciudadanos y Vox–, desde cuyas filas piden la cabeza de los responsables políticos directos de la gestión de la protección de los menores y han convertido este asunto en la piedra angular de su discurso durante prácticamente dos años.
Mientras las diatribas a nivel político no cesan, nuevas detenciones llevadas a cabo en agosto y septiembre volvían a poner sobre la mesa interrogantes acerca de la posible existencia o no de redes de prostitución infantil en el archipiélago. Hasta 17 personas eran arrestadas en dos fases por su presunta implicación en la captación de menores a través de páginas web de adultos, desde las que les proponían mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Tras pasar a disposición judicial, todas ellas, hombres y mujeres de entre 21 y 65 años, quedaron en libertad. Entre ellas, tres chicas que, según las pesquisas, también contactaban con menores para que ejercieran la prostitución.
En Baleares, a diferencia de otras comunidades autónomas, la gestión de los servicios de protección a menores tutelados se encuentra en manos de los Consells de cada isla. En el caso de Mallorca, es el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) el que se encarga la atención residencial de jóvenes con medidas de protección –un total de 895, de los cuales 375 se encuentran en centres propios o concertados de la isla–. Su presidente, Javier de Juan, se ha manifestado tajante al respecto en más de una ocasión: “Nuestros chicos no están todo el día encerrados. La solución [para evitar los abusos] sería encerrarlos, pero no es así porque no han cometido ningún delito”.
Nada más conocerse la violación grupal a una menor tutelada por el IMAS, el máximo responsable de este organismo reconoció tener constancia de que hasta 16 jóvenes –15 chicas y un chico– con medidas de protección por parte de la institución habían sido víctimas de explotación sexual, una circunstancia que, de inmediato, llevó a PP, Ciudadanos y Vox a reclamar una comisión de investigación tanto en el Parlament balear como en el Consell de Mallorca. Ambas administraciones las rechazaron dado que la Fiscalía ya se estaba ocupando de averiguar la posible existencia de redes de prostitución de menores –extremo que el Ministerio Público descartó finalmente–, y el Consell puso en marcha una comisión de expertos dirigida a analizar si los protocolos y procedimientos en este tipo de situaciones habían funcionado de forma eficaz.
Elevado índice de fugas y salidas no autorizadas
El dictamen se mostraba tajante a la hora de reprobar el “elevado” índice de fugas, salidas no autorizadas o no retornos en los centros de protección de la isla, conjugado con un “deficiente intercambio entre las diversas Administraciones”. Con todo, señalaba que el ingreso de un niño o un adolescente en un centro residencial “no asegura su protección”, a pesar de que este es su objetivo y de que todos sus esfuerzos se centran en ello.
Tras la publicación del documento, el vicepresidente del IMAS, Jaume Tortella, apuntaba que la principal causa de que se produjesen estos casos de explotación sexual “es que hay explotadores y agresores”, toda vez que apelaba a la “responsabilidad política” y a “no contribuir a generar discursos falsos que ataquen las instituciones y estigmaticen a las víctimas y el sistema de protección”.
La doctora en Psicología Clínica y de la Salud, profesora de la Universitat de Barcelona y directora del Grupo de Investigación en Victimización infantil y adolescente (GreVIA), Noemí Pereda, quien coordinó la comisión de expertos y continúa viajando a Baleares para formar a educadores en la prevención de nuevos casos y en cómo detectarlos, asevera, sin embargo, que se trata de una problemática que afecta no solo a Baleares sino a todas las comunidades autónomas donde, señala, numerosos casos “aparecieron un día en los medios y desde entonces nunca más se supo”.
En declaraciones a elDiario.es, Pereda asegura que en estos momentos Baleares es pionera en la puesta en marcha de protocolos de actuación contra los abusos y la explotación infantil así como en la creación de herramientas de detección de riesgos de fugas y de posibles nuevos casos, además de en la puesta en marcha de un centro especializado para tratar a las menores que han sido víctimas de ESCIA (explotación sexual comercial infantil y adolescente). Aún así, reconoce que el riesgo cero “no existe”. “No es posible evitar que unos niños que residen en un centro por protección, que no han cometido ningún delito, queden con sus amigos, se fuguen o sufran situaciones de explotación sexual, pero con los protocolos sí es posible reducir ese riesgo”.
Niños “de alto riesgo” que “carecen de cariño”
“Es un problema vinculado a los centros residenciales pero no solo de Mallorca, sino de todo el mundo”, recalca la experta, quien explica que se trata de niños que llegan “muy dañados” a los centros de protección. De hecho, abunda en que para que haya sido retirado de sus padres “debe haber una situación grave de riesgo en su familia, a lo que puede sumarse que nadie del resto de sus familiares pueda hacerse cargo de él. Esos niños son de alto riesgo y hay personas que conocen perfectamente sus necesidades, que van más allá de la comida y el techo. Ellos tienen esto en los propios centros, pero carecen del cariño y los vínculos de una familia”.
La psicóloga explica cómo los explotadores, para acercarse a sus potenciales víctimas y generar con ellas un progresivo clima de confianza, crean la idea de familia: “Se hacen llamar 'papá' o 'tío' para que las niñas entiendan que se encuentran en una familia. Entre ellas, de hecho, se llaman 'hermanas'”. “Esto no es azar, es la absoluta perversión, porque saben que estos niños necesitan una familia y lo que hacen es proporcionarles esa idea. Es el riesgo principal en estos menores”, incide.
En cuanto a los lugares con los que entran en contacto, señala que se trata de contextos extremadamente marginales a los que acuden las menores “porque ya saben que allí alguien les va a ofrecer dinero, drogas, alcohol...”. Relata, incluso, cómo “algunas niñas vuelven a los centros muy dañadas porque realmente han sufrido mucho fuera”. Una situación que se complica, según la experta, debido a que a las menores “les cuesta muchísimo denunciar”. “Para protegerse, lo que hacen es decir que no son víctimas y que son ellas las que eligen. No entienden que las estás ayudando, sino todo lo contrario: que las estás alejando de su trabajo, de su familia... Es terrible y a la vez muy complejo”.
La Fiscalía y la Policía Nacional descartan una red organizada
La Fiscalía, por su parte, se volcó durante varios meses en el esclarecimiento de lo que había sucedido tras los primeros 16 casos que salieron a la luz. Tras levantar las alfombras de cada uno de ellos, el Ministerio Público determinó la inexistencia de trama alguna a la que pudieran estar vinculados responsables o trabajadores de los centros de acogida.
En declaraciones a este medio, el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, recuerda que se trata de unos hechos que el Ministerio Público investigó junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil y que “no demostraron que existiese una red de prostitución de menores detrás”. Un colofón que, advierte, “no quiere decir que se haya acabado con la prostitución de menores”. “Son casos distintos. Hay delitos que se van repitiendo, se investigan, se juzgan y se condenan, pero hay gente que continúa dispuesta a aprovecharse de las menores”. El fiscal asevera, además, que en numerosas ocasiones “las niñas son las primeras que, por miedo, quieren tapar el hecho”.
Del mismo modo, la Policía Nacional descarta la existencia de una red de explotación sexual tras las últimas detenciones o de un sistema “preestablecido” de captación, dado que cada uno de los casos presenta una casuística distinta. “Sí se puede hablar de una cadena de contactos individuales”, señala el jefe de investigación de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM), David López del Val, quien afirma que si hay un denominador común entre los distintos casos, entre los que se hallan tanto menores tuteladas como externas al sistema de protección, es que todas ellas “se encuentran en situación de vulnerabilidad por motivos económicos o personales e incluso situaciones familiares horribles”.
UNICEF advirtió, en un informe realizado en 2017 en el que analizaba el sistema de protección de menores de nueve comunidades autónomas –Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Catalunya, Madrid, Galicia y Euskadi–, de que en siete de ellas –que no especificaba– se habían registrado casos de explotación sexual de adolescentes tutelados y cómo, en algunos de ellos, “podría haber indicios de que son captados por redes de trata de seres humanos, quienes además los utilizan para conseguir contactar con otros menores del centro”.
El dictamen reprobaba, además, la elevada rotación de profesionales de los centros, sus deficientes condiciones laborales, la escasez de actividades comunitarias y cómo, pese a la necesidad de calidez y afecto con la que llegan los niños, numerosas instalaciones se presentan como lugares “asépticos” que no permiten personalizar los espacios, obviando con ello esas necesidades emocionales.
La influencia del turismo
Los expertos subrayan, asimismo, que en un contexto como el isleño la problemática de la explotación de menores podría resultar agravada al verse favorecida por la influencia del turismo. De acuerdo a los datos previos a la pandemia del COVID, Baleares recibía cerca de 40 millones de pasajeros en sus aeropuertos, a los que se suman los que llegan vía marítima: “Un porcentaje de ellos, aunque sea pequeño, se sabe que viene hacer turismo sexual aprovechando la importante oferta de ocio nocturno y siempre sabemos que hay un porcentaje de este grupo, que oscila según los indicadores internacionales de referencia, busca sexo con menores”, recalcaba el informe elaborado por la comisión impulsada por el IMAS.
Conscientes de las dimensiones de esta lacra, numerosas cadenas hoteleras tanto de ámbito nacional como balear han firmado a lo largo de los últimos años The Code-ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes), un código de conducta para la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual en la industria del turismo y los viajes. Se trata de una iniciativa internacional promovida principalmente por ECPAT Internacional, UNICEF y la Organización Mundial del Turismo para combatir en todo el mundo la explotación sexual comercial de menores. En España, la representación de la Red ECPAT International y de The Code es ejercida desde enero de 2012 por la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI).
“Donde hay prostitución hay prostitución infantil”
“El turismo tiene muchos problemas y uno de ellos es que tiene unos impactos no deseados, entre ellos el de la prostitución”, explica a este medio la directora de Responsabilidad Social Corporativa de RIU, Catalina Alemany. “Fue Carmen Riu la primera persona a quien le oí decir esto: donde hay turismo hay prostitución, y donde hay prostitución hay prostitución infantil. Es un problema que existe y hay que decirlo y es contra lo que luchamos”. “Y no se trata solo de blindar nuestros establecimientos para que no se produzcan abusos a un menor en nuestras instalaciones, sino de ir más allá: ver cómo podemos condicionar el entorno para que eso no suceda. La realidad que nos encontramos es muy dura”, confiesa.
La directiva de la cadena mallorquina explica que a partir de 2012, cuando se adhirieron a The Code, comenzaron a establecer protocolos específicos y a centrarse en la formación periódica de sus empleados para detectar conductas inadecuadas. Alemany reconoce que, aunque inicialmente comenzaron con la implantación de medidas “siendo muy inexpertos”, un momento clave fue entrar en contacto con la Red de Ayuda a Niños Abusados (RANA) de Baleares, que supuso un punto de inflexión en su política de formación de los empleados: “Nos cambiaron la vida, las gafas de mirar el entorno”.
La responsable de RSC explica que, desde recepción –“los primeros que se encuentran con la posibilidad de que un adulto quiera meter a un menor contra su voluntad”– hasta el bar y el servicio de habitaciones, los trabajadores prestan atención a las señales de alarma y el protocolo interno de la cadena hotelera para evitar que alguien pueda acceder con un menor para explotarlo sexualmente es estricto. Por ejemplo, un cliente no puede registrarse con un menor si no es su hijo, si no posee la patria potestad o sin la autorización de sus padres.
“Una de las cosas que hemos aprendido es que los explotadores y abusadores son ocasionales. En Baleares, el gran problema no es el pederasta, cuyo porcentaje es mínimo, sino el abusador ocasional: él no se plantea pagar por sexo, pero acaba viéndose condicionado por el entorno, por la compañía o por estar lejos de su casa y termina normalizando esa situación hasta tal punto que te dicen: 'Yo les estoy haciendo un favor'. Hay un componente importantísimo de supremacía, de hacer algo que no harían cerca de su casa. Y lo hemos visto con europeos que vienen y españoles que van al Caribe por un viaje de negocios”.
Desde Meliá, por su parte, aseguran mantener un “firme compromiso” en la prevención de este tipo de situaciones en todos los destinos en los que la compañía se encuentra presente.
El IMAS pide prudencia
Desde el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, gestor de los centros de protección de menores, mantienen la prudencia a la hora de hablar sobre los jóvenes tutelados que han sido víctimas de explotación sexual. “Es un tema muy delicado, se está poniendo el foco en el IMAS, que está haciendo todo lo que puede y más, cuando es algo que está sucediendo en muchas partes y a diferentes niveles. Es un problema social”, aseveran fuentes del organismo.
Mientras tanto, el Govern balear adoptó en agosto de 2018 un protocolo de actuación en casos de abuso y explotación sexual infantil que complementaba el Protocolo marco de actuaciones de maltrato infantil que se venía desarrollando desde 2007. Con este nuevo instrumento, en constante modificación, el Ejecutivo autonómico reforzaba las medidas contempladas contra esta problemática en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad, la Fiscalía y otros numerosos organismos sociales, educativos y sanitarios.
Una de las últimas medidas puestas en marcha por el Govern, a través de la Conselleria de Asuntos Sociales y el Instituto Balear de la Mujer (IBDona), es una campaña publicitaria pionera a nivel nacional y dirigida a las adolescentes de las islas para informarles de los riesgos que corren y, al mismo tiempo, instarles a que denuncien y digan “no”. “La idea es contribuir a romper con la falsa idea, muy generalizada, que el explotador sexual se muestra de forma explícita y, por tanto, la víctima puede identificar muy claramente sus intenciones y puede poner límites”, explican desde la Conselleria. Según la psicóloga Noemí Pereda, se trata de una campaña que no había sido impulsada anteriormente en ninguna otra Comunidad Autónoma.
Trifulcas en el Congreso
La repercusión generada por los 16 casos iniciales destapados ha servido de escenario de duros enfrentamientos también en el Congreso de los Diputados. Atrás queda la disputa entre el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y dos diputadas de Baleares, Mireia Borràs (Vox) y Margarita Prohens (PP), después de que éstas interpelasen al Ejecutivo sobre los motivos por los que PSOE, Podemos y MÉS habían rechazado crear una comisión de investigación en la Cámara autonómica balear.
La trifulca llegó a acalorarse todavía más cuando Iglesias afeó al PP y a VOX que se “descojonasen” mientras debatían sobre el tema: “Ver a la bancada de la derecha y la extrema derecha aplaudir ufanos mientras se ríen cuando hablamos de niñas prostituidas es de las cosas más repugnantes que he visto en esta Cámara”.
En Baleares, tras las detenciones efectuadas en agosto y septiembre, el PP decidió registrar una nueva petición para que el presidente del IMAS, Javier de Juan, comparezca ante la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Congreso para dar explicaciones en torno a los pormenores de estos arrestos y “saber qué es lo que hay detrás de la explotación sexual de menores tuteladas”. El máximo responsable de la institución mallorquina apelaba, sin embargo, a la cautela: “No sabemos si son distintos casos en distintas situaciones, se está investigando y hay que ser prudentes”.
El pasado 30 de septiembre, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó enviar una misión a Baleares para investigar los casos de explotación sexual de menores tutelados en las islas, una actuación que prevé llevarse a cabo durante el primer semestre de 2022, cuando una representación política y un grupo de expertos y asesores evalúen sobre el terreno el alcance de los casos de explotación sexual y los protocolos de las instituciones. La petición fue cursada por la eurodiputada del PP y exvicepresidenta del Govern balear Rosà Estaràs.
En declaraciones a elDiario.es, Estaràs asevera que los asuntos llegan a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara “cuando desde abajo no se está haciendo lo que toca” a pesar de que, lamenta, “no se trata de un caso aislado por desgracia, sino de muchos casos de menores que bajo la guarda y custodia del Consell están siendo víctimas de explotación sexual. Si en Baleares se hubiera llevado a cabo una comisión de investigación la misión no habría sido necesaria”. La eurodiputada lamenta que hasta el momento no se haya puesto en marcha ninguna comisión de investigación en las islas.
Fuentes próximas a los centros de menores lamentan, sin embargo, la “politización” de estos casos y que, con ello, “se criminalice a las menores que se encuentran en acogida”. “Son jóvenes muy vulnerables como consecuencia de las experiencias que han acumulado a lo largo de su vida y que han atravesado importantes traumas”, aseveran, mientras abogan por poner el foco en la propia problemática y en cómo esta atraviesa distintos niveles hasta cumplir su objetivo: “Cubrir un mercado específico en el que los hombres quieren aprovecharse sexualmente de las menores”.