Revisionismo, retroceso, involución, infamia. Son algunos de los nombres que la oposición ha puesto este miércoles al paquete legislativo de los grupos del gobierno valenciano que ha empezado a tramitarse en el Parlamento autonómico. El pleno de las Corts Valencianes de este miércoles ha debatido cinco leyes propuestas por PP y Vox de gran contenido ideológico, el primer gran paso en su programa electoral después de las rebajas de impuestos. Este jueves la mayoría ultraconservadora de la Cámara dará el visto bueno al primer proyecto legislativo de las normas -la que regula el valenciano en el sistema educativo, la que creará una nueva televisión pública, la que modifica los criterios de transparencia y la que deroga la memoria histórica y quiere investigar la Segunda República- y empezará su tramitación por la vía exprés, decidida, de nuevo, sin el consenso de los grupos. Está por ver si sale adelante la ley sobre la Agencia Antifraude, que el PP ha presentado en solitario.
Haciendo gala de su particular ironía, la socialista Mercedes Caballero ha bautizado la sesión como “el día de la infamia”, desgranando por capítulos el paquete legislativo de PP y Vox. Es, a su juicio “una involución democrática”, en distintos aspectos. Una de las leyes que más debate ha generado dentro y fuera del Parlamento es a la que llaman “ley de Concordia” que lleva el sello ideológico de Vox -además de la firma del PP- y que pretende diluir el concepto de memoria histórica, creado para los represaliados por el franquismo. La ley, dicen sus promotores, “extiende” derechos, abarcando “crímenes y violencia política” desde 1931, inicio de la Segunda República española, hasta “la actualidad” para contemplar a las víctimas de ETA.
Para la diputada socialista es un ejercicio de “revisionismo histórico” sin precedentes que “equipara a las víctimas y a sus verdugos”. “Quieren volver a las dos Españas, igualando un régimen democrático que promovió la Constitución o el sufragio femenino con un régimen genocida como el franquismo”, ha denunciado la parlamentaria, que ha afeado a los grupos: “No han renunciado nunca a ser los herederos del franquismo”. José María Llanos, portavoz de Vox, ha rescatado la idea de “guerra entre hermanos”, un concepto que para la oposición es “una falacia que nos quiso vender la dictadura”. Llanos, que en la presentación de la ley desconocía cuando se creó el Frente Popular al que atribuye la violencia política, ha vuelto a considerar “imprescindible” que la ley se extendiera a 1931, cinco años antes. “Ya era hora de que alguien tuviera valentía”, ha dicho.
Más templado ha sido Miguel Barrachina (PP), que afirma que la norma “busca la concordia entre todos, que el homenaje de los que fueron injustamente asesinados, fusilados, a todos, no sirva para esconder el presente ni borrar asesinatos”. Isaura Navarro, diputada de Compromís, ha censurado que hablen de “concordia” cuando “es manipulación”. “No hay concordia sin memoria y no puede haber reconciliación sin memoria”, ha proclamado. Ha calificado la ley de “bazofia” y “porquería” que “recuerda a los decretos franquistas” y “menosprecia a los españoles, a las víctimas y a la democracia”.
Cambiar À Punt por la audiencia
Minutos antes se ha debatido la nueva ley de radiotelevisión valenciana, que modificará los órganos administrativos y de dirección para que dependan de la mayoría parlamentaria. PP y Vox han defendido que es una forma de luchar contra el “desapego” que aseguran que los valencianos sienten hacia À Punt y hará que los medios sean “más competitivos” que los actuales. Ambos grupos consideran que la televisión tiene poca audiencia y muchos empleados para los contenidos que realiza: “500 trabajadores hacen tres informativos en televisión y dos en radio”, ha dicho el representante popular José Juan Zaplana, que sostiene que la mayoría de contenidos ya están externalizados.
Por parte de Vox, Joaquín Alés, ha criticado que el Botànic lo hizo “rematadamente mal” con la ley: una “regulación inhabilitante” que “asfixió a la televisión pública” con los “índices de audiencia más baja de España” y cuya dirección considera que está “atada de pies y manos”. La televisión, para Alés, “juega un papel residual” y “alejada de patrones actuales”. Vox amenazó en varias ocasiones a los trabajadores con cerrar el ente.
Para la oposición, la ley “va de control político y de borrar definitivamente el valenciano del espacio comunicativo”. La fusión de entes “no justifica la demolición del modelo de televisión pública actual plural e imparcial con órganos participados y transparentes y con el valenciano como lengua vehicular”, ha denunciado Compromís, mientras el PSPV cree que buscan un modelo como el de Telemadrid.
Sobre la ley de educación, los grupos del gobierno defienden “acabar con la imposición” del valenciano y “dar a los padres la libertad de elegir la lengua en la que se educan sus hijos”. Por contra, el PSPV ha advertido que esta ley supondrá “segregar” a los alumnos en función de la lengua y Compromís ha denunciado que esconde un “racismo” lingüístico y no garantizará la igualdad de oportunidades de los alumnos.