El ayuntamiento de Elche de PP y Vox suspende las licencias para las plantas fotovoltaicas en tramitación y abre un conflicto con la patronal de las renovables. El pasado 21 de septiembre la junta de gobierno local acordó paralizar los términos para la implantación de una veintena de plantas, atendiendo a la petición de algunas pedanías y colectivos ecologistas, para revisar el plan de ordenación urbana.
La decisión implica una restricción de dos años a los proyectos y afectará a las plantas previstas en los suelos considerados de alto valor para cultivo y a los que estén incluidos en entornos paisajísticos próximos a usos residenciales o de alto valor de relevancia local. El consistorio había autorizado cuatro centrales fotovoltaicas y tenía pendiente una treintena junto a la Conselleria de Industria y el Ministerio, todas en el término municipal de Elche y sus pedanías.
La suspensión de licencias era una reivindicación de algunas entidades vecinales, pedanías y de asociaciones ecologistas, que se mostraron muy críticas con el modelo de renovables del equipo de gobierno del PSPV y Compromís. Los colectivos apelaban al impacto ambiental y paisajístico. Los valencianistas quieren buscar un equilibrio entre “una implantación que no afecte al paisaje y asegurar que agilizamos la transición energética, porque no podemos perder tiempo en ella” y plantearán su posición en la mesa de trabajo constituida.
La medida ha provocado el rechazo de la asociación de empresas de renovables Avaesen, que alerta de que los 24 proyectos en entredicho implicarían la pérdida de 100 millones de euros en inversión municipal. La patronal remitió un comunicado contra el gobierno de PP y Vox en el que indica que puede perjudicar seriamente la imagen de un municipio al dejar en entredicho la seguridad jurídica puesto que “otras empresas e industrias podrían pensarse mucho invertir en municipios que no ofrecen garantías mínimas de salvaguarda, y más tratándose de algo tan sensible y capital para Europa como la inversión en energías renovables”.
El director general de la patronal, Pedro Fresco, que fue director general en la conselleria de Agricultura, considera que “si el ayuntamiento quiere plantear la suspensión de licencias para ordenar su plan municipal podría hacerlo para nuevos proyectos que aún no hayan solicitado ni obtenido la compatibilidad urbanística. Pero hacerlo para proyectos en tramitación es una bomba de relojería jurídica de consecuencias impredecibles e incalculables”.
En el comunicado, la asociación estima que la paralización de los proyectos afectaría a la creación de 500 puestos de trabajo directos durante el periodo de construcción de estas plantas y a algunas decenas para los años de mantenimiento. Además, advierten de la responsabilidad patrimonial al respecto. Según indican, “los vecinos propietarios de los terrenos podrían emprender acciones legales al ver cancelados sus contratos de arrendamiento a 30 años, algunos de ellos inscritos en el registro de la propiedad y muchos de ellos incluso ya han pagado los impuestos de Actos Jurídicos Documentados por los 30 años de duración, dado que los arrendamientos son legales y estaban dentro del ordenamiento en el momento en el que se formalizaron”.