La Asociación Per l'Horta ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Plan Especial de urbanización de la Zona de Actividades Logísticas -ZAL- en la huerta de La Punta y ha reclamado ante el tribunal la suspensión cautelar de todas las actuaciones que el puerto de València, el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València tienen previsto ejecutar en la zona afectada por este plan especial.
Por l'Horta abre así de nuevo la vía judicial en defensa de la huerta de La Punta, al entender que las administraciones implicadas en el proyecto de la ZAL no han acatado las diferentes sentencias, una del Tribunal Supremo de 2009 y otra del TSJCV de 2013 –confirmada después por el Supremo en 2015-, que anulan el plan especial original y obligan a iniciar el proyecto de la ZAL desde cero, retrotrayéndose a la consideración del sol de La Punta como sol agrícola no urbanizable de especial protección y realizando las pertinentes declaraciones de impacto ambiental de acuerdo con la nueva legislación y sensibilidad ambiental.
Este incumplimiento, según la organización defensora de la huerta, convierte el actual plan de la ZAL en ilegal y una negativa a paralizar cautelarmente las actuaciones podría significar, entre otras, la irreversibilidad definitiva de un espacio natural de un valor incalculable para la lucha contra el cambio climático, así como un perjuicio económico para el erario público en indemnizaciones a las empresas que tienen prevista su instalación en el área.
En el escrito contencioso, también impugna parcialmente el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de l'Horta de València – PATODHV-, exigiendo la nulidad de la sección que afecta específicamente a la huerta de La Punta.
Per l'Horta denuncia que el PATODHV, una norma de rango superior al plan especial de la ZAL, al haber sido aprobada antes de que el plan definitivo de 2018, podría haber servido para garantizar definitivamente la protección de la huerta de La Punta, tal como además apuntan las dos sentencias judiciales mencionadas. Pero, las diferentes administraciones implicadas, lejos de asegurar esta protección, han usado el PATODHV para tratar de regularizar, es decir blanquear, una urbanización ilegal, tal como dictaron el Supremo y el TSJCV.
El colectivo incide en que la propia abogacía de la Generalitat Valenciana explicita en el expediente del PATODHV este 'trilerismo' jurídico-político que Per l'Horta denuncia puesto que indica que a partir de la aprobación de esta norma serán los planes municipales los que se adaptan a los objetivos de protección de la huerta establecidos por el PATODHV y no al revés como se hacía antes. Pero por otro lado, reconociendo que la única excepción –admitiendo una clasificación de sol de huerta como solo urbano o urbanizable- se plantea “para evitar la responsabilidad patrimonial” de la administración. Así, avala una reclasificación de suelo agrícola a urbano que, en el caso del plan especial de la ZAL ni se motiva ni se justifica de ninguna forma más allá de la reveladora manifestación explícita de la intención de eludir la responsabilidad, un interés, para Por l'Horta, absolutamente menor que tiene que ceder claramente ante el interés general que té la protección de la huerta desde los diferentes puntos de vista, ambiental, patrimonial, natural, cultural, alimentario.
Añaden también que no puede permitirse que una administración que actúa contra la legalidad y las demandas ciudadanas pueda legislar para encubrir y eludir las responsabilidades de las suyos actuaciones con la aprobación de una nueva actuación que incide en los mismos errores. En cumplimiento de las sentencias judiciales, el PATODHV tendría que haber considerado el solo afectado de La Punta como agrícola de especial protección, la calificación originaria de este sol, a la que el Tribunal Supremo señala que habría que remitirse para iniciar de cero todo el plan.
Con todo apuntan que, teniendo argumentos y dictados jurídicos en favor de la protección de la huerta, las administraciones en connivencia optaron con el PATODHV para continuar adelante con el proyecto de urbanización incumpliendo los requerimientos legales y por tanto, Per l'Horta reclama ante los tribunales que esta nueva actuación sobre La Punta sea anulada.
La demanda señala y acredita también con informe pericial la posibilidad de reversión y restauración ecológica del espacio afectado de La Punta, denuncia que el plan especial no acredita la inexistencia de otro espacio viable y adecuado para la ZAL, como podrían ser Parc Sagunt o la zona de la A3/A7. Per l'Horta también señala que falta un estudio preceptivo que justifique adecuadamente la viabilidad económica del plan especial.
Otras infracciones
La organización ecologista también denuncia otras infracciones, entre ellas la inexistencia de evaluación ambiental y territorial estratégica previa a la aprobación del plan especial de 2018 y la omisión de trámite de consulta a las personas afectadas, la ausencia del preceptivo estudio de paisaje, y el incumplimiento de la obligación de asegurar las funcionas vertebradoras de la huerta como infraestructura verde,además de infracciones de la legislación ferroviaria y de carreteras.
La operación de la ZAL supuso la reclasificación de más de 700.000 metros cuadrados de sol agrícola de especial protección, un sol que la administración expropió por la vía de urgencia alegando extrema necesidad para las actividades portuarias, y que por el contrario puerta más de 20 años inactivo y parado, a causa de la ilegalidad del proceso, tal como denunció en su momento el vecindario afectado y que fue desalojado violentamente de sus viviendas, espacios de trabajo agrícola y hábitat.
Por l'Horta reivindica que los terrenos de la huerta de la Punta sean recuperados para uso público y se conservan como elemento de conexión verde entre el parque natural del Túria y el parque natural de la Albufera.