La retirada de la subvención del a Diputación de València a la entidad secesionista Lo Rat Penat es una “discriminación”, según el presidente de la gestora del PP de València ciudad, Luis Santamaría. El también diputado autonómico popuar ha arremetido contra la corporación provincial afirmando que la retirada de la ayuda es por una “mera cuestión ideológica” y que “no es aceptable bajo ningún punto de vista”.
Así el requisito legal estatutario de cumplir las normas de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) para el PP es “la excusa para que la Administración autonómica, la provincial y también la local ahoguen a esta entidad” que lleva, ha señalado Santamaría, “casi 140 años dedicada a la promoción, defensa, enseñanza y difusión de la lengua y cultura valencianas”.
Luis Santamaría también ha criticado al alcalde de València, Joan Ribó, a quien acusa de estar “asfixiando a esta entidad cultural bajo el pretexto de que no se atiene a las normas de Castelló y sí a las de El Puig”. Para Santamaría resulta “triste” ver como entidades como Acció Cultural del País Valencià “multiplican sus ayudas públicas sin realizar una defensa de los valores y tradición valencianas”.
El diputado del PP concluye reclamando “sensibilidad de las instituciones gobernadas por Compromís, PSPV y Podemos, que no han demostrado hasta la fecha” y ha pedido que “rectifiquen su política sectaria de ayudas”.
Observatorio censor del PP
No obstante estas críticas de Santamaría a los postulados de los nuevos gobiernos, chocan con la actitud impulsada por el PP durante su época de gobierno. Así cabe recordar que en el proyecto de Ley de Señas de Identidad Valencianas estaba enfocado a una ideología conservadora, según admitió el propio PP.
Este proyecto incluía la creación de un observatorio con capacidad censora, que podía retirar ayudas a entidades que según su criterio no cumpliesen el espíritu de la Ley de Señas. En dicho observatorio estarían integrados colectivos conservadores y secesionistas como el mencionado Lo Rat Penat y la RACV, mientras quedaban fuera entidades defensoras de la unidad de la lengua, privadas como ACPV y la Societat Coral el Micalet, estatutarias como la AVL o el Consell Valencià de Cultura, e incluso las propias universidades.
La motivación de la exclusión de estas entidades, según reconoció el propio PP era por ideología política, ya que el propio Luis Santamaría afirmaba que “están mucho más identificadas con proyectos de integración cultural políticos que este Gobierno no comparte”.