El grupo popular en la Diputación de Valencia ha denunciado este viernes la constatación mediante una auditoría interna de “múltiples irregularidades” de índole contractual y financiera en la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa, que para el PP es “el garito personal” de su gerente Víctor Sahuquillo.
En rueda de prensa, la portavoz popular en la corporación provincial, Carmen Contelles, ha detallado algunas de esas supuestas prácticas irregulares, entre las cuales figura la contratación por triplicado del asesoramiento legal a una firma de abogados y el fraccionamiento de contratos.
Asimismo, se ha constatado en la citada auditoría la existencia de presupuestos para la prestación de servicios que no superan los 18.000 euros, con lo que se evitaría así la firma mancomunada por parte del otro gerente de Divalterra para su autorización.
Contelles se ha referido también a la información del diario El Mundo, según la cual Divalterra habría pagado ya 90.000 euros a la abogada del ex “número tres” de la Diputación, el socialista José Manuel Orengo, para su defensa en el marco del caso Imelsa.
Asesoría jurídica
La portavoz popular ha expresado sus dudas sobre la decisión de este martes de la institución provincial de suspender el contrato de asesoría jurídica para Divalterra, por un periodo de seis años y un importe de casi 600.000 euros, para “estudiarlo con más detenimiento”, según dijo entonces su presidente, Jorge Rodríguez.
El PP ha pedido el expediente “completo” de la contratación de Divalterra con la defensa de Orengo, los expedientes de la gestión de Sahuquillo, así como explicaciones a Jorge Rodríguez, por “las irregularidades asociadas” al citado gerente, nombrado por su partido, el PSPV.
Que se pronuncien Jorge Rodríguez y Ximo Puig
El grupo popular también pretende que tanto Rodríguez como el president de la Generalitat, Ximo Puig, se pronuncien sobre el contenido de esta auditoría interna y digan si les parece “ético y estético” lo que se denuncia en ella.
Cuando dispongan de todos los documentos solicitados, los servicios jurídicos del PP estudiarán la conveniencia de denunciar esas supuestas irregularidades ante los tribunales.
Contelles ha defendido, no obstante, la función de Divalterra porque su objetivo “es loable”, pero ha manifestado que no se puede dejar “en manos de personas que lo usan para otros objetivos”.
“En un año han convertido Imelsa en su garito personal. Hay que cortar con eso”, ha sentenciado la portavoz popular.