El Grupo Popular en las Corts Valencianes acusa al president de la Generalitat, Ximo Puig, de ser “un presidente bajo sospecha” y exige al jefe de Consell “explicaciones” por las operaciones financieras de la Generalitat Valenciana con un grupo mediático en el que tenía un pequeño paquete accionarial. Los populares reaccionan así tras conocer que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el banco público de la Generalitat, autorizó a la empresa Pecsa, editora del diario Mediterráneo de Castellón y en la que Ximo Puig conserva acciones de su etapa como periodista, a repartir dividendos pese a la deuda del Grupo Zeta, de casi cien millones de euros.
La empresa editora de Mediterráneo repartió dividendos los ejercicios 2016, 2017 y 2018, beneficios revirtieron en la cuenta personal del presidente de la Generalitat, quien posee desde los ochenta el 1,16 % de la propiedad del rotativo castellonense. Según la información a la que ha accedido este diario, los dividendos correspondientes al president fueron de 18.000 euros en tres años, todos declarados por Puig en el portal de transparencia.
El portavoz de Economía del PP, Rubén Ibáñez, ha criticado que esta es “la penúltima andadura de Puig que conocemos, en un serial del que cada día nos enteramos de más cosas”. El diputado ha recordado que hace un año que Puig “se comprometió a dar las explicaciones necesarias sobre la quita del IVF a una empresa en la que tiene participaciones, pero faltó a su palabra, ya que no ha comparecido en Les Corts ni ha dado una explicación”. Ibáñez se refiere a la operación por la que la banca pública perdonó un 70% de la deuda del Grupo Zeta para después venderse a Editorial Prensa Ibérica. “En política se dirimen cuestiones éticas y estéticas y no parece muy estético que una empresa que no puede pagar un préstamo a la Generalitat se vea favorecida por la propia Generalitat para repartir dividendos”, ha acusado Ibáñez.
“La sociedad Pecsa pagó dividendos en 2016, 2017 y 2018 a sus socios minoritarios, previa autorización de la mayoría del pool bancario, por importe aproximado de 80.000 euros anuales (15% del dividendo total). En todos estos casos, y dada su reducida participación en la deuda sindicada, el IVF condicionó su autorización a la decisión de la mayoría de los bancos que formaban parte del pool. Si la banca privada no hubiera considerado económicamente justificada la decisión, el IVF no habría podido, ni habría querido, autorizar el reparto de dividendos a los socios minoritarios”, explicó a este diario Manuel Illueca, responsable del IVF. La Generalitat mantiene que la operación por la que se avaló a la empresa proviene de la época de PP y que el president de la Generalitat no ha participado de esta toma de decisiones.