“La llamada política de austeridad no ha sido insuficiente” porque “se ha actuado de manera poco decidida en los recortes del gasto no absolutamente imprescindible”. Esta es una de las conclusiones del informe de carácter marcadamente liberal que han hecho cinco galardonados con los Premios Jaume I (José Barea, Jaime Lamo de Espinosa, Pedro Schwartz, Ramón Tamames y Juan Velarde) sobre deuda, déficit y financiación en la Comunitat Valenciana.
Así estos economistas afirman que la situación de endeudamiento e 29.300 millones de euros a la que ha llegado la Comunitat Valenciana (el 100% del PIB) ha sido “a pesar de las políticas adoptadas por la Generalitat Valenciana de consolidación fiscal”. Pero el informe también piropea al gobierno valenciano durante los años de expansión afirmando que ha tenido una “notable eficiencia” y que “no hubo gastos excesivos” (no haciendo así ningún tipo de valoración sobre la política de grandes eventos).
No obstante también ha cargado contra el estado del bienestar afirmando que “se caracteriza por su rigidez” y porque tiene “incremento de su demanda precisamente en la parte declinante del ciclo económico”. Dentro de este estado del bienestar, los redactores del informe han defendido el sistema del copago afirmando que “no debe ser entendido como un castigo a los ciudadanos, sino como una medida disuasoria a efectos de racionalizar las prestaciones de todo tipo”. De este modo, después de introducirse en un sector tan sensible como la sanidad, afirman que “debe ser introducido en todas las actividades públicas”.
El documento, que defiende uno de los pilares del liberalismo de que las administraciones públicas tengan “menor dimensión, para centrarse en las prestaciones fundamentales con mayor eficiencia”, llega a proponer devolver al Estado competencias como la Educación y la Justicia, a la vez que recomienda “reconfigurar” el servicio de salud estatal.
Por otro lado estos premiados por la Generalitat apuesta también por suprimir organismos, empresas públicas, observatorios, fundaciones y otras entidades de las comunidades autónomas y ayuntamientos “que no sean absolutamente indispensables”. También lamentan en esta línea que prescindir de estas instituciones tampoco reportará beneficios económicos “`por la carencia de privatizaciones de envergadura”.
Financiación
Por lo que respecta a la financiación de la Comunitat Valenciana afirman que es “asimétrica y discriminatoria” además de “injustificable”. Por ello se pie al Estado una reconfiguración para obtener un “sistema igualador”, que especialmente compense el crecimiento poblacional que ha habido durante los últimos años en nuestro territorio.
Por otro lado también aconsejan a la Generalitat que reclame su “deuda histórica”, aunque expresamente huyen de este concepto utilizado por las comunidades de Catalunya y Andalucía, prefiriendo el concepto de “déficit crónico estructural financiero”. La cifra dada se ha apuntado en un margen entre 12.000 y 13.000 millones de euros acumulados durante el periodo 2001 (con la instauración del actual sistema en el primer gobierno ‘popular’ de José María Aznar) y 2013, aunque también invitaba a la Generalitat a hacer sus propios cálculos.
Valoración
El Presidente de la Generalitat por su parte hacía una valoración positiva del informe asegurando que “confirma y avala todo lo que siempre se ha reiterado desde la Generalitat”, es decir, que la Comunitat Valenciana “padece un problema estructural de ingresos, no de gastos, derivado de una financiación insuficiente, que provoca los déficits continuados en el presupuesto y, con ello, la generación de una deuda excesiva”.
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“La llamada política de austeridad no ha sido insuficiente”porque “se ha actuado de manera poco decidida en los recortes del gasto noabsolutamente imprescindible”. Esta es una de las conclusiones del informe decarácter marcadamente liberal que han hecho cinco galardonados con los PremiosJaume I (José Barea, Jaime Lamo de Espinosa, Pedro Schwartz, Ramón Tamames yJuan Velarde) sobre deuda, déficit y financiación en la Comunitat Valenciana.
Así estos economistas afirman que la situación deendeudamiento e 29.300 millones de euros a la que ha llegado la Comunitat Valenciana(el 100% del PIB) ha sido “a pesar de las políticas adoptadas por la Generalitat Valenciana de consolidación fiscal”. Pero el informe tambiénpiropea al gobierno valenciano durante los años de expansión afirmando que hatenido una “notable eficiencia” y que “no hubo gastos excesivos” (no haciendoasí ningún tipo de valoración sobre la política de grandes eventos).
No obstante también ha cargado contra el estado delbienestar afirmando que “se caracteriza por su rigidez” y porque tiene “incrementode su demanda precisamente en la parte declinante del ciclo económico”. Dentrode este estado del bienestar, los redactores del informe han defendido elsistema del copago afirmando que “no debe ser entendido como un castigo a losciudadanos, sino como una medida disuasoria a efectos de racionalizar lasprestaciones de todo tipo”. De este modo, después de introducirse en un sectortan sensible como la sanidad, afirman que “debe ser introducido en todas lasactividades públicas”.
El documento, que defiende uno de los pilares delliberalismo de que las administraciones públicas tengan “menor dimensión, paracentrarse en las prestaciones fundamentales con mayor eficiencia”, llega aproponer devolver al Estado competencias como la Educación y la Justicia, a la vez querecomienda “reconfigurar” el servicio de salud estatal.
Por otro lado estos premiados por la Generalitat apuestatambién por suprimir organismos, empresas públicas, observatorios, fundacionesy otras entidades de las comunidades autónomas y ayuntamientos “que no seanabsolutamente indispensables”. También lamentan en esta línea que prescindir deestas instituciones tampoco reportará beneficios económicos “`por la carenciade privatizaciones de envergadura”.
Financiación
Por lo que respecta a la financiación de la Comunitat Valencianaafirman que es “asimétrica y discriminatoria” además de “injustificable”. Porello se pie al Estado una reconfiguración para obtener un “sistema igualador”,que especialmente compense el crecimiento poblacional que ha habido durante losúltimos años en nuestro territorio.
Por otro lado también aconsejan a la Generalitat quereclame su “deuda histórica”, aunque expresamente huyen de este conceptoutilizado por las comunidades de Catalunya y Andalucía, prefiriendo el conceptode “déficit crónico estructural financiero”. La cifra dada se ha apuntado en unmargen entre 12.000 y 13.000 millones de euros acumulados durante el periodo2001 (con la instauración del actual sistema en el primer gobierno ‘popular’ deJosé María Aznar) y 2013, aunque también invitaba a la Generalitat a hacersus propios cálculos.
Valoración
El Presidente de la Generalitat por su parte hacía una valoraciónpositiva del informe asegurando que “confirmay avala todo lo que siempre se ha reiterado desde la Generalitat”, esdecir, que la Comunitat Valenciana“padece un problema estructural de ingresos, no de gastos, derivado de unafinanciación insuficiente, que provoca los déficits continuados en elpresupuesto y, con ello, la generación de una deuda excesiva”.
Los premios Jaume I reclaman más recortes
“La llamada política de austeridad no ha sido insuficiente” porque “se ha actuado de manera poco decidida en los recortes del gasto no absolutamente imprescindible”. Esta es una de las conclusiones del informe de carácter marcadamente liberal que han hecho cinco galardonados con los Premios Jaume I (José Barea, Jaime Lamo de Espinosa, Pedro Schwartz, Ramón Tamames y Juan Velarde) sobre deuda, déficit y financiación en la Comunitat Valenciana.
Así estos economistas afirman que la situación de endeudamiento e 29.300 millones de euros a la que ha llegado la Comunitat Valenciana (el 100% del PIB) ha sido “a pesar de las políticas adoptadas por la Generalitat Valenciana de consolidación fiscal”. Pero el informe también piropea al gobierno valenciano durante los años de expansión afirmando que ha tenido una “notable eficiencia” y que “no hubo gastos excesivos” (no haciendo así ningún tipo de valoración sobre la política de grandes eventos).
No obstante también ha cargado contra el estado del bienestar afirmando que “se caracteriza por su rigidez” y porque tiene “incremento de su demanda precisamente en la parte declinante del ciclo económico”. Dentro de este estado del bienestar, los redactores del informe han defendido el sistema del copago afirmando que “no debe ser entendido como un castigo a los ciudadanos, sino como una medida disuasoria a efectos de racionalizar las prestaciones de todo tipo”. De este modo, después de introducirse en un sector tan sensible como la sanidad, afirman que “debe ser introducido en todas las actividades públicas”.
El documento, que defiende uno de los pilares del liberalismo de que las administraciones públicas tengan “menor dimensión, para centrarse en las prestaciones fundamentales con mayor eficiencia”, llega a proponer devolver al Estado competencias como la Educación y la Justicia, a la vez que recomienda “reconfigurar” el servicio de salud estatal.
Por otro lado estos premiados por la Generalitat apuesta también por suprimir organismos, empresas públicas, observatorios, fundaciones y otras entidades de las comunidades autónomas y ayuntamientos “que no sean absolutamente indispensables”. También lamentan en esta línea que prescindir de estas instituciones tampoco reportará beneficios económicos “`por la carencia de privatizaciones de envergadura”.
Financiación
Por lo que respecta a la financiación de la Comunitat Valenciana afirman que es “asimétrica y discriminatoria” además de “injustificable”. Por ello se pie al Estado una reconfiguración para obtener un “sistema igualador”, que especialmente compense el crecimiento poblacional que ha habido durante los últimos años en nuestro territorio.
Por otro lado también aconsejan a la Generalitat que reclame su “deuda histórica”, aunque expresamente huyen de este concepto utilizado por las comunidades de Catalunya y Andalucía, prefiriendo el concepto de “déficit crónico estructural financiero”. La cifra dada se ha apuntado en un margen entre 12.000 y 13.000 millones de euros acumulados durante el periodo 2001 (con la instauración del actual sistema en el primer gobierno ‘popular’ de José María Aznar) y 2013, aunque también invitaba a la Generalitat a hacer sus propios cálculos.
Valoración
El Presidente de la Generalitat por su parte hacía una valoración positiva del informe asegurando que “confirma y avala todo lo que siempre se ha reiterado desde la Generalitat”, es decir, que la Comunitat Valenciana “padece un problema estructural de ingresos, no de gastos, derivado de una financiación insuficiente, que provoca los déficits continuados en el presupuesto y, con ello, la generación de una deuda excesiva”.
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