Este martes, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detenían en Valencia al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, y otras seis personas, en el contexto de la operación Erial acusados de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. El exdirigente popular valenciano, para quien la jueza decretaba el pasado jueves su ingreso en prisión, se convertía así en el tercer president de la Generalitat imputado en una causa judicial.
Y no sólo jefes del Consell, los populares valencianos cuentan con numerosos representantes públicos encausados, entre ellos también trece exconsellers (dos de ellos también fueron expresidentes de las Corts), tres expresidentes de diputación o tres de los que han sido alcaldes de las principales ciudades de la Comunitat (Valencia y Alicante). Éste es el listado:
Presidents de la Generalitat
Eduardo Zaplana.- Ha sido el último -de momento- en caer. A pesar de las informaciones que le relacionaban con Lezo o Púnica, finalmente ha sido otra causa por blanqueo -la llamada operación Erial- la que ha provocado la imputación e incluso encarcelación del primer president de la Generalitat que tuvieron los populares, el político que acabó con los gobiernos socialistas y abrió el camino del triunfo electoral a José María Aznar.
José Luis Olivas.- Fue president entre julio de 2002 y mayo de 2003 al relevar a Zaplana, quien fue elegido por José María Aznar para ocupar la cartera de Trabajo en su Gobierno. Olivas dejó la política para presidir Bancaja y convertirse después en vicepresidente de Bankia como número dos de Rodrigo Rato en el banco resultante de la fusión de la entidad valenciana y Caja Madrid. Como su predecesor en el Palau de la Generalitat, también fue detenido y ya ha sido juzgado y condenado a año y medio de prisión y una multa de 151.800 euros por falsedad y delito contra la Hacienda Publica al falsificar una factura de 500.000 euros a Vicente Cotino.
Francisco Camps.- Está imputado en el caso Valmor, en dos de las tres piezas separadas, por la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, y por la visita del Papa a Valencia, un caso en el que está acusado por malversación, prevaricación y falsedad. Camps, quien ya ha declarado en la primera de las causas de Valmor, no está implicado en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano a pesar de que su número dos en el partido, Ricardo Costa, le responsabilizó directamente en su declaración de las irregularidades.
Presidentes de las Corts Valencianes
Milagrosa Martínez.- La expresidenta de la cámara autonómica ha ingresado este jueves en el centro penitenciario de Villena (Alicante) para cumplir una condena de nueve años de prisión por las contrataciones del 'stand' de la Comunitat Valenciana en Fitur a la trama Gürtel. La sentencia, ratificada por el Supremo, consideró probados los delitos de malversación de caudales, cohecho pasivo y prevaricación administrativa.
Juan Cotino.- El líder del ala democristiana del PP valenciano ha sido imputado esta misma semana por el juez en la operación Erial -el jueves ya declaró ante la Guardia Civil-, aunque no es ésta la primera causa judicial en la que se ve inmerso. El que fue conseller y vicepresidente de Francisco Camps está imputado por la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia al ser sospechoso de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y cohecho por facilitar la entrada de 'El Bigotes' en el V Encuentro de las Familias.
Consellers
Luis Fernando Cartagena.- Ingresó en prisión en 2008 para cumplir una pena de cuatro años a la que fue condenado en 2002 por malversación de fondos públicos y falsedad en documento mercantil al apropiarse de una donación de 49.000 euros que una congregación religiosa donó al Ayuntamiento de Orihuela, ciudad de la que fue alcalde. El exconseller de Obras Públicas con Eduardo Zaplana está también imputado en el caso Metrored, en el que la Fiscalía pide cinco años de prisión por haber defraudado presuntamente siete millones de euros. Está a la espera de otro juicio por un presunto fraude a Hacienda en el que se le piden tres años de cárcel por las primas únicas del Banco Santander.
Rafael Blasco.- El exconseller popular -antes lo fue con el PSPV- cumple una condena de seis años y medio (inicialmente fue condenado a ocho años de prisión) en la cárcel de Picassent, donde también ha ingresado Eduardo Zaplana, por una de las piezas del caso Cooperación por el desvío de fondos destinados a ayuda al tercer mundo. Tan sólo un 3 por ciento de los 1,6 millones de euros en ayudas llegó a su destino, el resto fue destinado a la adquisición de inmuebles en Valencia. Todavía quedan pendientes de juzgar otras piezas de este caso.
Vicente Rambla.- El que fuera vicepresidente de Francisco Camps (ocupó hasta cuatro carteras distintas) ha sido juzgado a principios de año en la Audiencia Nacional, junto a otros exdirigentes populares como Ricardo Costa, por una pieza de Gürtel relativa a la presunta financiación ilegal del PP valenciano. La Fiscalía solicita una pena de seis años y tres meses de prisión para Rambla.
Víctor Campos.- El también exvicepresidente de la Generalitat con Camps entre 2004 y 2007 fue condenado por cohecho impropio en el caso de los trajes, el mismo en el que fueron declarados no culpables el propio Camps y Ricardo Costa. El tribunal condenó a Campos a pagar una multa de 9.600 euros por haber recibido regalos de la trama Gürtel en forma de trajes, unos trajes que fueron decomisados.
Lola Johnson.- Quien fue mano derecha del exjefe del Consell Alberto Fabra, abandonó el Consell siendo secretaria autonómica de Comunicación al ser citada como investigada por apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos en su etapa en RTVV. Además, la que fue portavoz de la Generalitat está imputada en el caso Valmor en su etapa como consellera de Cultura y Deportes por el pufo de la Fórmula 1.
Serafín Castellano.- Conseller de Gobernación en 2007 y 2008, cuando sucedieron los hechos relacionados con el conocido cártel del fuego. Fue detenido en 2015 y desde entonces está imputado por aceptar sobornos a cambio de adjudicaciones para las tareas de extinción de incendios en la Comunitat Valenciana. La investigación recae finalmente en la Audiencia Nacional.
Mario Flores.- Conseller de Infraestructuras con Francisco Camps, está imputado en el caso Valmor por los sobrecostes en la construcción del circuito urbano para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Valencia entre 2008 y 2012 y que le ha costado a los valencianos 308 millones de euros. Se investigan supuestos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.
Luis Rosado.- También en el contexto del caso Gürtel, en 2013 resultaba imputado el exconseller de Sanidad -junto a otros tres exaltos cargos de la conselleria- por la contratación supuestamente delictiva de varias empresas de la trama Gürtel para la producción de un vídeo promocional sobre el Hospital Clínico de Valencia.
Manuel Cervera.- Exconseller de Sanidad. Imputado, en una de las investigaciones abiertas por Gürtel, por la contratación del vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en 2008.
Maria Àngels Ramon-Llin.- Consellera de Agricultura con Eduardo Zaplana como president de la Generalitat, actualmente es concejala en el Ayuntamiento de Valencia. Está imputada en el caso Taula junto a ocho de sus nueve compañeros de partido por el presunto caso de blanqueo dentro del grupo municipal popular. Están acusados de haber contribuido a 'lavar' la caja b con la que presuntamente operaba el PP de Rita Barberá.
Alicia de Miguel.- Otra vez el caso Gürtel, en esta ocasión la pieza 5 (de un total de 6). En julio de 2013, De Miguel renunciaba a su escaño en las Corts tras ser imputada por un presunto fraccionamiento de los contratos 'Acto violencia de género, tolerancia cero año 2006', 'Acto balance general 2007', y 'Acto punto final 2007' en su etapa como consellera de Bienestar Social. Las adjudicaciones se produjeron en favor de sociedades vinculadas a la trama Gürtel.
Presidentes de Diputación
José Joaquín Ripoll.- Hasta 16 años de cárcel ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción para el expresidente de la Diputación de Alicante, a quien se le imputan los delitos de cohecho, prevaricación, negociación prohibida, fraude, coacciones y tráfico de influencias en el caso Brugal. Ripoll, quien también fue vicepresidente del Consell con Eduardo Zaplana, está involucrado en la causa por el presunto amaño de los contratos para la concesión y explotación del Plan Zonal de Residuos de la comarca alicantina de la Vega Baja junto a los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz.
Carlos Fabra.- El otrora todopoderoso barón popular castellonense se encuentra en libertad tras cumplir condena por el caso Naranjax -ingresó en la prisión de Aranjuez el 1 de diciembre de 2014-. La Audiencia Nacional de Castellón condenó en noviembre de 2013 a Carlos Fabra a cuatro años de prisión por varios delitos contra la Hacienda Pública, aunque fue absuelto de cohecho y tráfico de influencias.
Alfonso Rus.- El hombre más poderoso en el PP valenciano fue detenido en enero de 2016 en la macrorredada contra la corrupción de la operación Taula, el conocido como caso Imelsa, abierta a raíz de una denuncia de Esquerra Unida y en la que el exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Marcos Benavent, el yonqui del dinero, ha resultado ser una pieza clave. Rus está imputado en diferentes piezas de Taula por blanqueo y cobro de comisiones, malversación, tráfico de influencias y fraude en la contratación.
Alcaldes
Luis Díaz Alperi.- Este mes ha comenzado en Alicante el juicio contra el exalcalde de de la ciudad Luis Díaz Alperi por supuesto un fraude fiscal de 700.000 euros correspondientes a los años 2007, 2008 y 2010 por el que le piden nueve años y nueve meses de prisión. Díaz Alperi también se sentará en el banquillo por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones vinculadas al Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. El juez del caso Brugal le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada.
Sonia Castedo.- Relevó a Díaz Alperi al frente del Ayuntamiento de Alicante y como su predecesor también está imputada por corrupción en caso Brugal por el supuesto amaño del urbanismo de la ciudad en favor del empresario Enrique Ortiz. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 10 años de prisión para Díaz Alperi y Sonia Castedo e inhabilitación para cargo público durante 24 años para la exprimera edil alicantina. Castedo también fue imputada en el caso Rabassa, pero fue exculpada. La Fiscalía recurrió la decisión del juez.
Rita Barberá.- La exalcaldesa de Valencia, “alcaldesa de España” en palabras de Mariano Rajoy, llegó a declarar como imputada ante el Tribunal Supremo -por su condición de aforada al ser senadora- en relación al caso Taula por la presunta financiación en negro del PP en Valencia. Sólo dos días después, Barberá fallecía de un infarto a los 68 años en un hotel de Madrid, lo que provocó que la causa quedara archivada de forma automática al darse por extinguida su responsabilidad penal.