La presión de los ginecólogos paraliza la consideración de la violencia obstétrica como machista en la ley valenciana

La violencia obstétrica no tendrá la consideración de violencia contra las mujeres en la ley valenciana pero su prevención sí se considerará un derecho. La presión de los colectivos médicos, especialmente de las unidades de ginecología y obstetricia, y el rechazo de la Conselleria de Sanidad, han llevado a los partidos que componen el Acuerdo del Botánico a explorar otras vías para luchar contra las malas praxis durante el embarazo y el parto.

Los partidos plantearon incorporar la violencia obstétrica como una forma de violencia machista, modificando la ley homónima y estableciendo su definición como un epígrafe más junto a la violencia física, psicológica o económica. La dimisión de dos ginecólogas responsables de las unidades de violencia de género de sus hospitales y las protestas de los colectivos médicos, que consideraban que recoger estos supuestos les criminaliza, provocó un debate entre las fuerzas progresistas, al que se sumó la Conselleria de Sanidad.

La falta de definición de esta violencia –la OMS se refiere a varias prácticas diferentes en multitud de países– y su equiparación a los malos tratos o la mutilación genital agitó las quejas del personal sanitario, que aboga por una revisión de los protocolos desde los departamentos de Salud Pública y creen que la consideración de violencia machista puede dar lugar a equívoco y romper la confianza médico-paciente.

¿Toda violencia es machista?

Entre los parlamentarios otro debate es si toda forma de violencia contra las mujeres debe legislarse como violencia machista, dado que su concepción radica en aquella que se produce por diferencias estructurales de poder basadas en la construcción del género.

Tras varias semanas de reflexión y analizando otras legislaciones autonómicas, PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida han llegado a un acuerdo este martes para que la prevención de la violencia obstétrica se incorpore como un derecho de las mujeres en el ámbito sanitario. Así, las tres formaciones han suscrito una enmienda que añade un artículo a la ley de Salud Pública valenciana para “garantizar las medidas proclives a combatir la violencia obstétrica definida según la Organización Mundial de la Salud”.

En su declaración, la OMS indica que “el maltrato, la negligencia o la falta de respeto en el parto pueden constituirse en una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres, descritos en las normas y los principios internacionales de derechos humanos”.

El organismo realiza una llamada contra “el maltrato, la negligencia o la falta de respeto en el parto”, reconociendo que no hay una definición unánime sobre qué prácticas constituyen esta violencia y el vacío existente en los estudios a nivel global.

La OMS subraya que “en particular, las embarazadas tienen derecho a recibir un trato igual de digno que otras personas, a tener la libertad de solicitar, recibir y transmitir información, a no sufrir discriminación y a obtener el más alto nivel de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva”. Es precisamente en los aspectos del consentimiento informado en los que se centran las críticas de las madres, las matronas y otras partes que intervienen en el proceso a las praxis médicas.