El primer juicio por las multas del 8M deja tres nuevas identificaciones y sin noticias de la delegada del Gobierno

La Policía Nacional de València ha identificado nuevamente y de forma aleatoria a tres personas por asistir a una concentración feminista en apoyo a la primera encausada por las multas del 8 de marzo. El juicio, celebrado este martes en el juzgado contencioso administrativo número 2 de la Ciudad de la Justicia de València, ha quedado visto para sentencia después de que ambas partes declararan. Se trata de la primera citación por una de las 21 multas que acumula el movimiento feminista valenciano por participar en piquetes informativos durante el 8 de marzo de 2018 y 2019.

La abogada representante de las multadas y miembro de Alerta Solidària, M. Josep Martínez, ha explicado a la salida del juicio que se ha impugnado el expediente administrativo abierto contra las feministas y han denunciado “infracciones” dentro del procedimiento judicial que afirman les deja en “situación de inferioridad”, como por ejemplo el principio de veracidad, en referencia al “mayor peso” que tiene la versión de los agentes policiales frente al de la denunciada, en este caso, por una supuesta “falta de respeto a la autoridad”. “Se le sanciona por unas expresiones que nunca dijo y hemos denunciado las contradicciones en las que incurren los agentes dentro del propio procedimiento”, indica la abogada.

Por su parte, la abogada del estado ha defendido en el juicio de este martes el principio de veracidad y objetividad de los agentes que interpusieron estas multas amparadas en la Ley Mordaza, así como el procedimiento sancionador y la resolución de las mismas, que ascienden, en total, a más de 11.000 euros.

Según la defensa de las multadas, los agentes actuaron desde un “plano subjetivo” y las multas son “injustas y aleatorias”. Añaden que hay referencias en el acta de denuncia que “sitúan políticamente a los agentes”, como por ejemplo su “animadversión” hacia al valenciano al declarar que “no” tienen “obligación de conocer el valenciano” y “no” reconocen “ninguna institución que se llame ‘Delegació del Govern del País Valencià”.

“Nadie les pide que indiquen eso en la denuncia, sino que ratifiquen los hechos por los que ellos levantaron el acta de infracción. Por tanto entendemos que son elementos que posicionan políticamente a los agentes y demuestran la hostilidad hacia el movimiento feminista y hacia otros movimientos sociales que utilizan esos términos o se expresan en valenciano”, ha señalado la abogada a las puertas de la Ciudad de la Justicia.

Indican las mismas fuentes que en el procedimiento hay “defectos de forma” como por ejemplo que los agentes presentaron fuera de plazo el informe de ratificación de la denuncia. Fue DG quien reiteró, después de diez días, la petición para que los agentes presentaran ese informe y aun así se presentó fuera de plazo. “Entendemos, en base a lo que se establece en el procedimiento sancionador, que los plazos son para todos y si nosotras los cumplimos ellos también”.

Próximo juicio, el 28 de octubre

Una de las portavoces de la Assemblea Feminista de València, Irene Molina, ha recordado que la semana pasada la delegada del gobierno en València, Gloria Calero, prometió a las feministas que se pondría en contacto con ellas durante esta semana y que mediaría en las multas. No ha sido así y el colectivo ha afrontado este martes el primero de los juicios que tiene en agenda y ya prepara un segundo juicio para el 28 de octubre.

Asimismo, recuerdan que esas palabras que dijo la actual delegada del gobierno en València fueron “las mismas” que ya dijo hace dos años el anterior delegado, Juan Carlos Fulgencio -también del PSPV-, quien se comprometió a revisar las multas “una por una”, ya que están amparadas en una ley que implantó el Partido Popular en 2015 y que ellos mismos dijeron que derogarían.

“La represión que está viviendo el movimiento feminista es política. Y así lo demuestra el hecho que, este año, desde Delegación se nos prometió que para el 8 de marzo de 2020 no habría ni indentificaciones, ni multas ni sanciones al movimiento feminista y así ha sido, porque había voluntad política. En cambio, los dos años anteriores no fue así”, afirma Molina.

El colectivo también ha aprovechado para recordar que no solo se están gestionando las multas por el 8 de marzo, sino que también están pendientes de la denuncia que Hazte Oír interpuso contra manifestantes cuando protestaban contra la presencia del autobús tránsfobo que la organización ultra católica quería mostrar en València. Esas multas, sumadas a las del 8M, ascienden a un total de 44.815 euros. “Entendemos que todas las multas se han puesto al movimiento feminista y no de forma individual y por eso actuamos siempre de forma colectiva autoinculpándonos todas porque estamos defendiendo nuestros derechos”, afirman.

Sobre las identificaciones aleatorias de esta mañana, la asamblea recuerda que se trata de un procedimiento “habitual” y que precisamente son esas identificaciones las que luego vuelven en forma de sanción. “De nuevo, la policía nacional viene a un acto feminista pacífico y solidario con la intención de intimidarnos y expulsarnos del espacio público. No lo conseguirán. Cuanto más nos queramos reprimir, más lucharemos”, aseguran desde el colectivo.