Las formaciones firmantes del Pacte del Botànic asumen la posición abolicionista de la prostitución y piden al Gobierno que legisle en esta dirección. PSPV, Compromís y Unides Podem han registrado este jueves una proposición no de ley que trasladó el Front Abolicionista al Parlamento autonómico para iniciar una serie de medidas encaminadas a abolir la prostitución y la explotación sexual, que se ceba especialmente con las mujeres. Las diputadas Rosa Mustafá (PSPV), Cristina Cabedo (Unides Podem) y Mónica Àlvaro (Compromís), responsables de Igualdad en sus formaciones, han presentado la iniciativa que a su vez insta al Gobierno central “a establecer los mecanismos necesarios para la abolición de la prostitución y del tráfico de mujeres y menores con fines de explotación sexual, mediante una propuesta legislativa que pueda abolir la prostitución”.
La propuesta aboga por trabajar en dos frentes: el de la demanda de prostitución y las alternativas para las mujeres prostituidas. Así, se marca “el desmantelamiento de la industria de explotación sexual y de las actividades de los proxenetas, la desactivación de la demanda de prostitución y el desarrollo de políticas de prevención para atajar las causas, estableciendo medidas que disuadan la demanda” y, por otro lado, se enfoca en el trabajo de construcción de itinerarios de inserción sociolaboral, ayudas económicas, acompañamiento psicológico y apoyo en el proceso. En otras palabras: construir una alternativa para una vida al margen de la explotación sexual.
El texto insiste en los mecanismos de acción locales y autonómicos y propone la provisión de un fondo para servicios sociales integrales en los ámbitos social, educativo y administrativo, “dirigidos a cualquier mujer que desee abandonar la prostitución”. Además, incluye una de las exigencias del Front Abolicionista: “crear una Red de Servicios de Atención a las víctimas de explotación sexual en todo el territorio, que incluya servicios de atención integral, así como de acogida y recuperación”. Para desactivar la demanda, plantean campañas de sensibilización y para “modificar la percepción social del uso de las mujeres como mercancía sexual, generar un cambio de actitud en la ciudadanía y conseguir el rechazo social generalizado hacia el comercio sexual como una vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres en situación de prostitución”.
Los mecanismos para erradicar la explotación sexual de las mujeres son una cuestión que se aborda de distintas formas en el movimiento feminista. Estas discrepancias parten de considerar si existe o no una prostitución voluntaria -es decir, si se da esa elección de forma libre o es condicionada por una situación de vulnerabilidad- y, si esta existe, si se debe separar de la trata y la explotación sexual. También existen distintos planteamientos y formas de combatirla, desde prohibirla, perseguir al proxeneta y al consumidor de prostitución o regularla como primer paso para ayudar a la emancipación de las mujeres y erradicar la violencia sexual.
El Front Abolicionista, como su nombre indica, trabaja por la abolición de la prostitución y la integración sociolaboral de las mujeres prostituidas, una postura en la que coinciden, por ejemplo, representantes socialistas como la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. La responsable de Justicia y fiscal manifestaba en una entrevista en À Punt Media que la Administración “no está empujando los suficiente para erradicar esta forma de violencia contra las mujeres” y reclamaba una ley integral estatal contra la trata, que incorpore la persecución a proxenetas, sancione a quién “abusa de esa situación” de una mujer vulnerable o de los negocios que de ella se derivan, como el alquiler de habitaciones. La Conselleria de Igualdad, que dirige Mónica Oltra, trabaja con los departamentos implicados en el Pacto Valenciano contra la violencia machista en una estrategia contra las violencias sexuales, que abordará esta cuestión.