El PSPV de Alicante estudia pedir prisión provisional para la alcaldesa, Sonia Castedo, tras su imputación por presunto trato de favor al constructor Enrique Ortiz en la tramitación del Plan Rabasa, al estimar que existe “riesgo de destrucción de pruebas” y ante la “alarma social”.
Así, el secretario general de los socialistas alicantino, Gabriel Echávarri, ha explicado en rueda de prensa que le he pedido esta misma mañana a los abogados de su partido que estudien la posibilidad de pedir prisión provisional para la primera edil, también imputada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.
Según el dirigente socialista, “creemos que concurren los requisitos” para que la primera edil espere en prisión a declarar como imputada el próximo 27 de noviembre, ya que se dan dos de las condiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por un lado, “riesgo de que se destruyan pruebas”. El secretario general del PSPV ha sostenido que “la alcaldesa lo sigue siendo, sigue dando órdenes directas a los funcionarios y sigue teniendo acceso directo a cada uno de los expedientes” bajo investigación, por lo que “está en posición de destruir pruebas si quiere”.
En segundo lugar, Echávarri ha indicado que el otro requisito es el de “alarma social”. “Cuando el CIS dice que la segunda preocupación de los españoles es la corrupción, es que todo caso de corrupción genera alarma social”, ha asegurado.
Según el dirigente local del PSPV, Castedo “cumple de forma estricta” ambas condiciones. “Con que concurra uno de los requisitos bastaría su ingreso en prisión”, ha matizado.
Petición de expulsión
Asimismo, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que expulse a Sonia Castedo del Partido Popular“. ”Si la expulsa pasaría al grupo de los No Adscritos“ en la corporación municipal, ”y por tanto la mayoría podría elegir“ otro alcalde, ha afirmado.
“A Rajoy se le llena la boca en Madrid de hablar de regeneración democrática, de decir que son intolerantes contra la corrupción, y mantienen en Alicante a una persona que está imputada ya en dos causas y por cinco delitos graves”, ha apuntado Echávarri.
En este sentido, ha criticado que la “línea roja” del 'president' de la Generalitat, Alberto Fabra, “no cuenta en Alicante”, por lo que no van a demandar al jefe del Consell “que expulse a Castedo del PP o la quite de alcaldesa”.
El dirigente socialista también ha indicado que “no vamos a pedirle -a Castedo- que dimita, porque no lo va a hacer, le importa muy poco la imagen de Alicante”. Echávarri ha dicho que su partido tampoco va a solicitar al grupo popular en el Ayuntamiento “que se aclaren entre ellos y la sustituyan, porque no lo van a hacer”. “Han tenido mil oportunidades de hacerlo”, tanto con Castedo como con Andrés Llorens, ha sostenido Echávarri.
“Caiga quien caiga”
A preguntas de los periodistas, ha defendido que su formación se posiciona contra la corrupción “caiga quien caiga”, en referencia a miembros de su partido que podrían verse involucrados en el proceso judicial. “A mí me repugna la corrupción de mi partido”, ha mantenido Echávarri, y ha añadido que “seremos los más duros con la gente de nuestro partido”.
De esta manera, el secretario general ha reconocido el “error” del voto inicial a favor del plan Rabasa en un pleno en la legislatura 2003-2007, aunque ha incidido en que “se varió el criterio” posteriormente y “ya no se aprobó”. “Nosotros lo llevamos al TSJ y lo declaramos nulo”, ha sostenido.
“Entiendo que todos los concejales que votaron ese día no conocían que detrás había delito”, ha afirmado Echávarri, aunque ha exceptuado en esta cuestión a Sonia Castedo, por entonces edil de Urbanismo.
Sobre la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que aprobó el Consell para instaurar la tienda Ikea en Alicante en Rabasa, el dirigente socialista ha aseverado que “entendemos que la tramitación de la ATE tiene que ser suspendida, porque no puede venir Ikea con una tramitación urgente a unos terrenos que están bajo sospecha y judicializados”.