La ex alcaldesa y senadora del PP Rita Barberá no ve “motivo alguno” para dimitir después de que el juez del caso Imelsa, que instruye el posible delito de blanqueo de capitales de su partido en València, haya pedido al Tribunal Supremo que la impute, único tribunal competente por su condición de aforada. En declaraciones al periódico La Razón, Barberá niega la mayor y afirma que el magistrado no pide su imputación, ni siquiera el suplicatorio, que obligaría al Senado a autorizar que se investigue a Barberá. Además, también encuentra normal que la investiguen cuando se hace lo mismo con otros 49 concejales, ex concejales y asesores del partido.
De este modo, la senadora se ciñe al pie de la letra de los estatutos del PP que marcan el límite para dimitir en la apertura del juicio oral, táctica con la que coincide con la estrategia de los concejales del grupo popular de Valencia (hoy suspendidos de militancia), a quienes habría presionado para que resistieran las amenazas de expulsión y así “hacer piña”.
Cabe recordar que los concejales están manteniendo un pulso con la dirección del PPCV, ya que mientras la presidenta regional Isabel Bonig continúa reclamando su dimisión, estos se escudan en el expediente informativo que tiene en marcha Génova para aferrarse al cargo.
El mismo periódico informa de que la posición oficial de la dirección nacional del PP es que cuando Rita Barberá sea imputada la suspenderán de militancia. Imputación que dan por hecha, pero que prevén que no se producirá hasta pasadas las posibles elecciones generales el 26 de junio. Desde Génova lamentan que la situación de Barberá está provocando un desgaste en la imagen del PP y también de Mariano Rajoy, por lo que reclaman a la senadora un “gesto” de cara al partido, como podría ser la renuncia a su acta en la cámara alta.