No es extraño que el Síndic de Greuges, Ángel Luna, sea crítico con la Administración Pública autonómica. Lo lleva siendo desde que es el máximo representante de la institución, en 2019. Pero este miércoles ha sido la primera vez que el Pleno de las Corts Valencianes escuchaba una intervención del defensor del pueblo valenciano, y todas las formaciones han recibido un buen rapapolvo.
Luna, que fue portavoz socialista y lleva en la institución estatutaria desde 2014, no se ha cansado en repetir desde entonces que la administración autonómica y local necesita ser más ágil, que tiene obligación legal de responder a las consultas y reclamaciones de los ciudadanos y que los sistemas de prestaciones públicas y servicios sociales necesitan una revisión. En su comparecencia de este miércoles, en pleno y no en comisión a raíz de una modificación en la ley de la institución, el defensor del pueblo, que ha presentado su memoria anual de gestión, ha insistido en que los ciudadanos necesitan una respuesta de las instituciones.
Pese a la ausencia de los consellers -ninguno de los diez se encontraba presente-, Luna ha recriminado a la Generalitat Valenciana el sistema “absolutamente burocratizado” de atención a personas en situación de vulnerabilidad que “está llevando al colapso a los servicios municipales” en la valoración del grado de dependencia y de discapacidad o en la tramitación de la renta valenciana de inclusión.
“El lunes vi con envidia la presentación del plan Simplifica para la actividad económica. ¿Para cuándo un plan Simplifica en servicios sociales para resolver los problemas de los ciudadanos más vulnerables? Podría estar bien que alguien que merece una declaración de discapacidad la tenga lo antes posible”, planteó a los diputados. La complejidad de los trámites y la lentitud “desespera a los ciudadanos” y “nadie asume la responsabilidad del problema”, mientras los funcionarios “se pasan la vida rellenando formularios y llevando papeles de un sitio a otro”, sin poder centrarse en su trabajo de valoración de expedientes.
El defensor del pueblo apunta a otras carencias, como el torpedeo entre administraciones públicas de distinto signo político, que se pasan la pelota unas a otras sobre cuestiones competenciales y se encallan en la crítica recíproca. “Me preocupa la polarización”, ha dicho, para reflexionar: “Hemos hecho un Estado compuesto y necesitamos grupos políticos capaces de colaborar, estén donde estén. Si no, los temas que están a caballo entre distintas administraciones están llamados al fracaso”.
Luna también ha puesto el foco en las denuncias por falta de acceso a la información de los representantes de la oposición. Según ha enunciado, las quejas por opacidad han crecido un 60% en un año, desde las pasadas elecciones municipales. En Ayuntamientos como el de València, la institución considera que alcaldía vulnera sus derechos al reducir su capacidad de control a la oposición. “Los concejales de la oposición tienen derecho a acceder a la información”, algo que lleva cuatro años reclamando, además de una reforma de la ley de régimen local. “Es necesaria una ley de buena administración para que funcione mejor”, ha instado.
También considera especialmente grave la falta de respuesta de los ayuntamientos a los ciudadanos y a las propias quejas del Síndic. “La mitad de las quejas que recibimos tienen un problema de fondo, pero pasan meses y años y los ciudadanos no saben nada de su escrito; si se está tramitando o no”, afea, al tiempo que ha retado a los diputados a hacer comparecer a los alcaldes que ejercen el mutismo. Entre ellos, está el Ayuntamiento de Benidorm, Cheste, Montcada y Benaguacil. De manera contundente, el portavoz ha reclamado a los diputados tomarse en serio su trabajo. Y ha concluido: “Es la muerte de la democracia si no sabemos respetar las reglas”.