El Síndic de Greuges, la figura que encarna el Defensor del Pueblo valenciano, se compromete a desetimar la queja presentada por la patronal de las residencias valencianas contra un decreto que la misma patronal ha llevado a los tribunales. Tras la respuesta de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que censuraba que la institución investigara un asunto judicializado, Ángel Luna ha asegurado que revisará la cuestión y “probablemente” termine cerrando la queja.
El Síndic ha indicado que es una cuestión “frecuente” que la institución reciba quejas de asuntos que están en manos de los tribunales. “El síndic no puede saber qué problemas están judicializados y cuáles no. Nos ocurre con mucha frecuencia que un ciudadano nos presenta una queja y nosotros, como en este caso, lo que hacemos es admitirla a trámite, porque las causas de inadmisión están muy tasadas, y pedimos un informe a la conselleria o al ayuntamiento oportuno al respecto. Si la conselleria o el ayuntamiento nos contestan diciendo que el asunto está judicializado, cerramos la queja y se acabó, porque no podemos seguir adelante, evidentemente, que es lo que probablemente terminemos haciendo en este asunto”, ha insistido Luna en la rueda de prensa en la que ha presentado en las Corts Valencianes su informe anual de actuación.
La conselleria dirigida por la vicepresidenta Aitana Mas remitió un escrito al organismo estatutario en el que reprochaba esta actuación, en respuesta al requerimiento de documentación del Síndic. La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) presentó una queja contra la conselleria, respecto al decreto 102/2022 -el que reorganiza el sistema de servicios sociales, aprobado en agosto-, un texto que la misma empresa ha recurrido en los tribunales. La patronal solicitó en diciembre la paralización cautelar del decreto, que el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado, a la espera de una respuesta sobre los cuatro artículos impugnados. El escrito de Políticas Inclusivas, un departamento con el que el organismo estatutario no mantiene buena relación, le afeaba no haber comprobado que el asunto estuviera judicializado, como indica su norma de actuación, “cuando ha sido objeto de numerosas noticias aparecidas en prensa y en redes sociales y es por tanto público y notorio”.
En su intervención, Luna ha defendido: “No teníamos ningún conocimiento, a pesar de lo que se haya dicho por parte de la conselleria, de que este asunto estuviera judicializado (...) se nos ha escapado”. Ha añadido que la patronal de residencias no mencionó que hubiera llevado el decreto a los tribunales al presentar la queja. Según apunta, se enteraron cuando remitieron la queja a la conselleria, como sucede en otros casos. “Nosotros enviamos el escrito a la conselleria y la conselleria nos ha contestado con un escrito subido de tono”, en el que se reprocha la actuación. Tras recibir la respuesta, la institución realizará la comprobación pertinente: “En el momento en el que Aerte confirme que está judicializado, cerraremos la queja”, ha apuntado.
El defensor del pueblo valenciano ha apuntado que la relación con este departamento, que ocupa la mayor parte de las quejas tramitadas -las relacionadas con los servicios sociales, la atención a mayores, dependencia y salud mental- no ha mejorado en el último año. Luna ha indicado que se han topado con “algún problema que no se había planteado con anterioridad” con esta conselleria, por lo que ha hecho notar que “no es un cambio a mejor” desde que asumió la dirección Aitana Mas en sustitución de Mónica Oltra. En concreto, ha denunciado que Igualdad no remite las actas de inspección a la institución que “la ley les obliga a entregar”.
En el ámbito sanitario, el Síndic muestra su “enorme preocupación” por la situación actual de la asistencia, algo que achaca a las secuelas de la pandemia, y exige una reforma de la Atención Primaria, más inversión en salud mental y corregir las “inaceptables” listas de espera hospitalarias. Como el pasado año, el Síndic vuelve a advertir de la aplicación errónea de la ley al denegar la renta valenciana de inclusión a quienes han aceptado cortos trabajos temporales, algo que sigue “sin ser atendido por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas”, razón por la que inició una queja de oficio.
Sobre la no renovación de los órganos estatutarios, como el que él preside, Luna ha mostrado su descontento con los grupos parlamentarios. “Me parece mal, obviamente, es tan sencillo como decir que no se están respetando las obligaciones legales y estatutarias que rigen el funcionamiento de las instituciones en una sociedad democrática”, ha indicado, para añadir: “Es evidente y está claro que no se han cumplido los plazos tanto del Estatut d'Autonomia como de las leyes para renovar los órganos”.