La Audiencia Nacional ha suspendido el juicio por la presunta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) en las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y 2008 en el marco de la trama Gürtel, cuyo inicio estaba previsto el próximo 13 de marzo, debido a la baja médica de uno de los fiscales y la imposibilidad de comparecer del otro representante del ministerio público.
Esto coincide además con que la Audiencia Nacional se ha visto obligada a buscar sustituto al titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, encargado de juzgar las piezas 1, 2 y 6 de la rama valenciana de la trama Gürtel, ya que también se encuentra de baja.
En una providencia con fecha de este martes se ha notificado a las partes que, por solicitud de la Fiscalía, se suspende dicha vista oral sin señalar aún un nuevo calendario. Esta decisión la ha firmado el juez Central de Vigilancia Penitenciaria y Menores, José Luis Castro, sustituto de Vázquez Honrubia.
“Se señalará de nuevo a la mayor brevedad posible teniendo en cuenta la circunstancia en que se encuentra este Juzgado Central Penal de baja del titular del mismo por enfermedad”, afirma la providencia.
Sustituto para Vázquez Honrubia
El estado de salud de Vázquez Honrubia obligó a la Audiencia Nacional a buscarle reemplazo de cara a las sesiones señaladas. El tribunal sacó a concurso la plaza en comisión de servicio por un plazo inicial de seis meses para cubrir las funciones de este magistrado hasta su recuperación.
La Audiencia Nacional se inclinó por esta opción ante la imposibilidad de que el sustituto de Honrubia se haga cargo del juicio debido a la elevada carga de trabajo de su Juzgado.
La vista oral, que en un principio coincidía con la celebración del juicio de la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005), juzgará las piezas 1, 2 y 6 de la rama valenciana de la red corrupta, relacionadas con la financiación irregular del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008 en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid).
En el banquillo de los acusados se sentarán 20 personas, entre los que encuentran el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Estos tres se encuentran en la cárcel desde el pasado 14 de febrero, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ordenó su ingreso en prisión sin fianza tras ser condenados a hasta 13 años por los amaños en Fitur.
Los empresarios admiten la financiación irregular
También se acusa a se acusa a cinco exaltos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla. El resto de acusados son empresarios radicados en la Comunitat Valenciana sospechosos de financiar de forma irregular el partido a nivel regional, entre los que figura el sobrino del expresidente de las Corts Valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino.
Precisamente, los nueve empresarios imputados han reconocido haber financiado irregularmente al PPCV y han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. Los industriales -que se enfrentaban a penas de entre cuatro y seis años de prisión, según solicitaba la Fiscalía- han aceptado penas de entre 15 y 21 meses de prisión y al abono de multas por el importe máximo de 30.000 euros.
La empresa de la trama Orange Market, comenzó su actividad en 2004 con la realización de actos para el PP en la ciudad o la presentación de la America's Cup y la Cámara de Comercio y en 2006, el PPCV empezó a contratar a Orange Market para preparar sus campañas autonómicas y municipales. Por ejemplo, abonó, sin tributar ni contabilizar, unos 1,15 millones en las autonómicas de 2007 y un total de 78.878 euros en las municipales de ese año por actos, entre los que se encontraba uno protagonizado por el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy en Alicante (16.882 euros).
Según el juez instructor José de la Mata, el sistema de pago de los gastos que realizaba Orange Market para el partido se abonó “presuntamente de forma dual, es decir que al menos una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra se hacía de forma legal mediante la emisión de factura”.
Entre los testigos se encuentran el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y el extesorero del PP Luis Bárcenas.