“Somos de Vicent Andrés Estellés y de Miguel Hernández, somos del norte y del sur, hablamos castellano y valenciano”. Esta frase que utilizó Ximo Puig en su discurso de investidura del pasado miércoles en las Corts Valencianes ha sido utilizada por el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento valenciano, Toni Cantó, para atacar la política lingüística del Consell del Botànic, que tendrá continuidad esta legislatura tras la rúbrica en Alicante del acuerdo de Gobierno entre PSPV, Compromís y Unides Podem.
El síndic de la formación naranja en la Cámara autonómica ha recurrido a sus clásicos, como la “imposición lingüísitica” a la que viene refiriéndose desde hace meses, con mayor intensidad si cabe durante la pasada precampaña y en campaña, cuando llegó a afirmar que en la Comunitat Valenciana había colegios en los que no se podía estudiar en castellano. “Usted ha hablado de Miguel Hernández. Ustedes son los de la lengua única. Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la Comunidad Valenciana en la que lleva Cultura el señor Marzà, porque no hubiera recibido ninguna ayuda para publicar”, ha afirmado Cantó, para insistir: “No hubiera podido estudiar en español”, en referencia al poeta nacido en Orihuela.
La apelación del portavoz de Ciudadanos ha provocado la respuesta de Ximo Puig en su turno de réplica, quien, además de defender la política lingüística de su Gobierno y la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià -aprobada en 1983-, ha sentenciado: “A Miguel Hernández quienes no le dejaron publicar son algunos de sus socios”, en una clara alusión a la extrema derecha y a Vox: “Ustedes son los únicos liberales europeos que no tienen problema en pactar con la extrema derecha”. Además, Puig le ha recordado a Cantó la reciente publicación, entre otras, de una antología en castellano del poeta Francisco Brines (Oliva, 1932).
El legado de Miguel Hernández, en Jaén
El legado del poeta oriolano Miguel Hernández -compuesto por 5.600 objetos entre los que se encuentran un millar de manuscritos y unas 1.700 cartas entre las que había correspondencia con otros autores- fue adquirido en 2013 por la Diputación de Jaén por 3 millones de euros después de que el Ayuntamiento de Elche, gobernado entonces por el Partido Popular, revocara un acuerdo con el anterior gobierno municipal del PSPV, que había acordado mantener durante dos décadas el legado por esa cantidad.