El PP ha presentado varias enmiendas a los presupuestos de la Generalitat para exigir transparencia en los gastos canalizados a través de la caja fija, la partida que sirve para afrontar gastos inesperados o puntuales como taxis, dietas o materiales de oficina sin control presupuestario previo. Los populares, durante gran parte de sus 20 años de gestion en la administración autonómica, ocultaron los gastos apuntados a ese apartado.
PSPV-PSOE, Compromís y EU, entonces en la oposición, criticaron el uso del PP de la caja fija, a la que denominaron opaca o black, en referencia a las tarjetas black de Caja Madrid. Durante los gobiernos del PP se recurrió a esa figura para sufragar comidas opíparas, güisquis y otros gastos en principio poco apropiados. A pesar de ello, el gobierno de Alberto Fabra llegó a oponerse a una orden judicial que obligaba a publicar los movimientos de esa cuenta alegando el ingente trabajo que supondría recopilar y clasificar los millones de facturas de la caja fija de la Generalitat.
Ahora, según denuncia Compromís, los populares, una vez en la oposición, piden transparencia máxima. “Cuando gobernaba el PP y pedíamos la caja fija siempre contestaban diciendo que era imposible porque, según decían, bloquearía el trabajo de la Generalitat”, asegura la diputada Mireia Mollà, que califica de “rídiculas” las enmiendas de los populares: “Todas las cajas fijas desde 2011 están disponibles en el portal de GVA Oberta”.
Las enmiendas del PP piden “garantizar la máxima transparencia en la gestión económica financiera del presupuesto y, particularmente, en la gestión de la caja fija” y la elaboración “de un informe trimestral de seguimiento de los fondos de la caja fija”. “Paradójicamente, los que más han abusado durante dos décadas de la caja fija proponen ahora controlarla”, asegura Mollà en un comunicado.
Durante los gobiernos del PP varias conselleries pagaron mediante este sistema opaco mariscadas, güisquis, comidas en restaurantes japoneses y hasta informes sobre el trasvase del Ebro. El PSOE llegó a denunciar que un informe de los auditores de la Generalitat detectó en 2012 irregularidades en 21 de las 39 cuentas de la caja fija analizadas. En el apogeo del escándalo, la portavoz del gobierno de Fabra atribuyó esos “gastos poco decorosos” al Consell presidido por Francisco Camps.