Los grupos que sustentan al Gobierno valenciano, PP y Vox, presentan en el Parlamento autonómico su primera iniciativa conjunta: una comisión para investigar la gestión de sus antecesores, ahora en la oposición. Los grupos parlamentarios han registrado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre el sector público instrumental, dos días después de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciara una auditoría de las empresas dependientes de la Administración.
Mazón denunció en una rueda de prensa que en el sector público han encontrado “contrataciones irregulares, falta de control en el manejo de los recursos públicos, duplicidades en el gasto”, además de retribuciones a directivos y trabajadores “colocados a dedo al margen de la ley y pagos a terceras personas sin control ni autorización”. Para ello, se basa en informes de los entes fiscalizadores, la Sindicatura de Comptes y la Intervención de la Generalitat.
En sus informes anuales, especialmente los referidos a la pandemia, los organismos afearon algunos procedimientos de contratación como los de emergencia, aunque no apreciaron indicios para reclamar una responsabilidad contable. El gasto sanitario centró buena parte de las críticas de los análisis del organismo dirigido por Vicent Cucarella. La oposición insiste en que los informes avalan que la gestión cumplió con la legalidad y alegan de la situación extraordinaria que provocó la pandemia.
En base a estas prácticas, Mazón ha anunciado varias auditorías, una de tipo “forensic” -“un procedimiento técnico para detectar de manera pormenorizada posibles casos de fraude y gasto descontrolado”, explicó- y otra general para el sector público. Su objetivo es ir parte por parte para encontrar irregularidades y llevarlas por los cauces legales convenientes, ha insistido Mazón, que reitera que hay sospechas suficientes para realizar el análisis, que lleva un tiempo anunciando.
En la rueda de prensa para registrar la comisión, los portavoces de PP y Vox, Miguel Barrachina y José María Llanos, han circunscrito la investigación a la etapa de Ximo Puig al frente del Gobierno del Botánico -la alianza de PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida-, que abarca el periodo 2016 a 2023. Los portavoces hacen al expresidente directamente responsable de las supuestas irregularidades que denuncian. Barrachina ha indicado que pretenden “frenar prácticas irregulares y duplicidades” en el sector público, ya que ha sostenido que no era algo aislado, y “estudiar si se derivan responsabilidades”.
Según apuntan, el gasto público se disparó un 47% con el Consell del Botànic, 50 de los 54 entes presentan irregularidades, en la pasada legislatura se adjudicaron 254.000 contratos “a dedo” por 713 millones de euros y en 2022 se adjudicaron 4.000 contratos sin informe de la dirección general de Presupuestos. Los portavoces no han podido aclarar si parte de esos contratos responden a la contratación de emergencia durante la pandemia, aunque, de ser así, indican que sería igualmente irregular. “Todos requieren de rigor”, ha insistido el popular. Los grupos tampoco tienen claro qué comparecencias solicitarán, más allá de “expertos” en la materia. Sus votos son suficientes para aprobar la comisión y el plan de trabajo.
PSPV y Compromís quieren que se investigue al PP
Los grupos de la oposición también han registrado una propuesta de comisión de investigación que amplíe las pesquisas a los años del PP en el Gobierno. Socialistas y valencianistas defienden la gestión en el sector público, incluidas las empresas ya extinguidas. Tanto PSPV como Compromís creen que se trata de una estrategia del PP y la ultraderecha en un acto de “cinismo”.
“Investiguémoslo todo. Investiguemos todo el sector público desde su creación. Con luces y taquígrafos”, ha dicho el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que advierte que “si PP y Vox votan en contra de su propuesta de investigarlo todo demostrarán que no buscan la verdad sino ocultar sus vergüenzas”.
Por su parte, los socialistas denuncian una operación de “guerra sucia” del PP y los “herederos de Zaplana” para “perseguir y arrinconar al Partido Socialista”. “El plan que el PP de Mazón está intentando llevar a cabo todos sabemos cómo acaba: mal y con sus responsables sentados en el banquillo de los acusados”, ha señalado tras subrayar que el “padrino político” del actual 'president' es Zaplana y que este se sentará próximamente en el banquillo del juzgado por el caso Erial. El síndic socialista, acompañado por la diputada Mercedes Caballero, ha acusado a Mazón de intentar “criminalizar el trabajo de los funcionarios públicos que ya han acreditado en sus informes que todo se ha hecho de forma correcta”.