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La exconsellera Salomé Pradas ha declarado ante la jueza de la DANA que ignoraba todo lo relacionado con la gestión de las emergencias y ha descargado en los técnicos la responsabilidad de las decisiones operativas del pasado 29 de octubre. La exconsellera ha afirmado que los técnicos de la sala del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) sumaban “100 años de experiencia en materia de emergencias”, según varias fuentes consultadas por elDiario.es.
La extitular de la Conselleria de Justicia e Interior ha afirmado que “durante toda la tarde [del 29 de octubre] no se habló del barranco del Poyo en el Cecopi” y ha asegurado que “en ningún momento” le avisaron de que se iba a desbordar. Pradas ha aportado una lista de “más de 100 llamadas que hizo y recibió”, entre ellas a Emergencias, a Presidencia de la Generalitat y al jefe del Consell, Carlos Mazón.
Salomé Pradas considera que el mensaje del Es-Alert no fue “tardío o erróneo”, ya que se envió en el momento en que “se tenía constancia” de la posible rotura de la presa de Forata, a partir del cual se tarda “10 minutos en enviarlo”. La exconsellera ha negado que se esperara a Mazón para enviar la alerta automática a los móviles. “No se esperó al president para tomar ninguna decisión”, ha reiterado.
Entre que se introduce el texto y la validación del mensaje, Pradas calcula que pasó media hora aproximadamente. La exconsellera ha asegurado que propuso que se evacuara a la población que podía estar afectada por la rotura de la presa de Forata y le dijeron que tal medida podía ser “contraproducente”. La investigada ha asegurado que el Es-Alert estaba en “fase de pruebas” y que tenía un “carácter provisional”.
Sobre la gestión del envío, ha aludido a Jorge Suárez, subdirector de Emergencias y a su equipo de prensa y al entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, (que “no se levantó de la mesa, pero también debió estar”).
Salomé Pradas ha citado expresamente a Basset como el responsable de recomendar las medidas de protección “más idóneas para la protección de la población”.
Pradas, muy afectada, ha afirmado que estuvo “al pie del cañón desde el primer minuto”. La exconsellera también ha declarado: “Hacer frente a la emergencia del calibre al que nos enfrentábamos no dependía de una simple decisión de una persona”.
También ha asegurado que “en varias ocasiones” habló con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, y con el jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, y con “el propio presidente” Mazón, a los que “iba trasladando lo que ocurría en el Cecopi”.
Pradas ha descartado que el jefe del Consell tuviera algo que ver con el retraso en el envío del mensaje de alerta y ha adjudicado la decisión a los técnicos. “No se tenía la información necesaria porque se desconocía el desbordamiento del barranco del Poyo, por lo que no hubo retraso. Cuando se propuso, se hizo, aunque el trámite tardara”, ha afirmado la exconsellera.
La investigada ha afirmado que “todos” eran expertos con “experiencia sobrada” y para “coordinarse”, menos ella y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. La exconsellera del Gobierno de Carlos Mazón, entre lágrimas, ha afirmado a preguntas de su abogado que, en materia de emergencias, tan solo ostentaba un cargo institucional y existían órganos técnicos con los funcionarios correspondientes. “Las medidas las proponían los técnicos”, ha dicho la investigada.
La imputada ha recordado que apenas llevaba tres meses en el cargo de consellera de Justicia e Interior “intentando dar lo mejor” y, por tanto, era la “primera vez” que se enfrentaba a una emergencia de tal magnitud.
Las llamadas al 112
Pese a encontrarse en edificios anexos, Pradas ha asegurado que no llegó información al Cecopi sobre las miles de llamadas que llegaban desde horas antes al 112 y ha recalcado que el servicio lo gestiona “una empresa”. “Eso les correspondía a los técnicos de la sala [del 112] y a los técnicos de Emergencia. Era una encomienda a una empresa, eso lo podrá decir cualquiera que estuviese en el cecopi”.
Ha insistido también en que la Generalitat “informó a través de redes sociales” con “Twitter a tope”. “Yo publiqué los avisos retuiteándolos, porque yo llevo mis redes. También se dieron avisos en la app del 112, que es una app muy útil”, ha dicho.
Ataque contra el Gobierno central
Para sacudirse la responsabilidad, Pradas ha pasado al ataque hacia instituciones dependientes del Gobierno central. Ha arremetido contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que “debía haber desempeñado el papel de vigilancia de los caudales” e informado a los ayuntamientos.
Por otro lado, la exconsellera ha tratado de matizar que fuera el “mando único” de la emergencia, tal como sostiene la magistrada instructora y refleja la normativa. Pradas ha asegurado que, en el nivel 2 de emergencia, hay una “dirección única coordinada y colegiada” entre ella y Bernabé “para garantizar una mayor coordinación”.
También ha declarado que la Generalitat tiene una “función de intermediación” entre los usuarios del 112 y sus agencias integradas, además de con la CHJ, Aemet y los municipios. “Quiero dejar claro que no hay un cuerpo de protección civil autonómico”, ha dicho.
Contra Aemet, otra agencia estatal, ha arremetido diciendo que su previsión “falló estrepitosamente” porque “nunca se informó de que fuera a haber lluvias de 700 litros por metro cuadrado”.
Salomé Pradas ha arremetido especialmente contra el presidente de la CHJ, Miguel Polo, de quien ha dicho que, cuando ella y su equipo estaban por la mañana en Carlet, él estaba en unas jornadas universitarias. “Muy preocupado no debía estar”, ha afirmado.
También ha asegurado que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) “no tiene efectos legales” y ha descargado en los ingenieros de la CHJ la responsabilidad de “traducir” los datos para avisar de la peligrosidad de los caudales.
Igualmente ha puesto el foco, como viene haciendo el PP en los últimos meses, en las obras que a su juicio la CHJ –dependiente del Ministerio de Transición Ecológica– debía haber realizado en los cauces: “Las obras del Poyo o las de Saleta hubieran podido mitigar las consecuencias”.
Por último ha afirmado que debía haberse “declarado la emergencia de interés nacional”; pero no se ha referido a por qué el Gobierno del que ella era la máxima responsable de Emergencias no elevó el nivel a “emergencia catastrófica”, algo que caía bajo la competencia del Ejecutivo de Carlos Mazón.