Dos presas hidráulicas valencianas serán demolidas para recuperar el curso de los ríos

El Gobierno ha ordenado demoler 12 de las 21 concesiones hidroeléctricas caducadas en esta legislatura. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “tiene constancia de la finalización del plazo concesional o de la extinción, desde enero de 2020”, de 21 concesiones con apenas 37,7 megavatios (MW) de potencia, ubicadas en las provincias de Alicante, Asturias, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Navarra, La Rioja, Teruel, Valencia y Zaragoza.

En el caso de las de Valencia y Alicante, fuentes ministeriales han informado a elDiario.es de que se trata de las ubicadas en el río Serpis en Lorcha (Alicante) y Rincón del Duque (València).

Por su parte, desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han explicado que se trata de centrales que ya no generaban energía y que estaban en situación de abandono, por lo que se ha requerido a los titulares, Barbo Energías Renovables, que las desmantelen y se elimine de esta forma un obstáculo sobre el río.

Las mismas fuentes han comentado que la empresa presentó un recurso de reposición, pero fuera de plazo, por lo que tiene tres meses para presentar un proyecto de demolición.

Desde la Dirección General del Agua han añadido que “cuando termina una concesión es importante destacar que las medidas a adoptar se analizan individualmente teniendo en cuenta muchos factores”.

Aún así, y de forma más general, “uno de los objetivos que se han marcado los planes hidrológicos del tercer ciclo, actualmente en consulta pública, es recuperar el espacio fluvial para conseguir que las masas de agua ocupen su espacio natural”.

Para ello se propone, entre otras acciones, “la demolición y retirada de infraestructuras grises que interrumpen la continuidad longitudinal y lateral de los ríos”. Estas actuaciones van dirigidas “a mitigar el riesgo de inundación, a contribuir a que las masas de agua alcancen los objetivos ambientales y a proteger y mejorar la biodiversidad”.

Según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al extinguirse estos aprovechamientos (con carácter general, se extienden 75 años, aunque algunas se han llegado a prorrogar más de un siglo), debe optarse por su continuidad o demoler las instalaciones.