La mayoría de la que cuenta el popular Carlos Mazón en el Parlamento valenciano, gracias al pacto con Vox, no le asegura un debate pacífico con sus socios a cuenta de la resurrección de la Ley de Señas de Identidad, uno de los puntos del acuerdo programático con el partido de Santiago Abascal.
Después de que las Corts Valencianes, presididas por Llanos Massó, aceptaran tramitar una propuesta de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una propuesta de norma identitaria que criminaliza a la oposición, impulsada por un disidente de Vox abanderado del anticatalanismo, el PSPV-PSOE quiere saber si el Ejecutivo de Mazón piensa resucitar la polémica ley que aprobó el Gobierno de Alberto Fabra en 2015, derogada por el Pacte del Botànic.
Los socialistas valencianos han registrado una interpelación al vicepresidente primero y conseller de Cultura, el extorero de Vox Vicente Barrera, para que explique en sede parlamentaria la política en materia de señas de identidad valencianas. La interpelación, registrada por la diputada socialista Mercedes Caballero, busca incidir en las diferencias de fondo entre el PP y Vox a cuenta del blaverismo, un caladero de votos en el que intentan pescar ambas formaciones.
El PSPV-PSOE también ha registrado preguntas escritas sobre si el Ejecutivo de Mazón está elaborando una Ley de Señas de Identidad y con qué instituciones o entidades está consultando para su elaboración. También pregunta por los informes jurídicos que avalarían la propuesta.
La jugada de Juan García Sentrandreu, el exfalangista y actual disidente de Vox, de colar una propuesta de ILP a cuenta de la ley de señas de identidad, con un texto de dudoso encaje constitucional que criminaliza el uso del término País Valenciano, reconocido en el preámbulo del Estatut d'Autonomia, o el reconocimiento de la unidad de la lengua catalana, avalada por la Acadèmia Valenciana de la Llengua, ha reavivado las diferencias entre el PP y Vox.
Los populares tumbaron en 2008, cuando gobernaban con mayoría absoluta en la cámara autonómica, una propuesta similar impulsada por el mismo personaje, un histriónico personaje de la extrema derecha.
La ley aprobada en 2015 por el PP fue derogada el mismo año por el primer Gobierno del Pacte del Botànic, presidido por el socialista Ximo Puig. Fue una vía más rápida que el recurso ante el Tribunal Constitucional para tumbar una ley que preveía que las entidades que no eran del gusto identitario de los populares perdieran subvenciones públicas.
La AVL, en el punto de mira
En definitiva, se trataba de un texto inédito en otras comunidades autónomas que el Ejecutivo del PP se sacó de la manga cuando se acercaban unas elecciones autonómicas a las que la formación, tras dos décadas de hegemonía absoluta, llegaba muy debilitada por los escándalos de corrupción y la crisis económica.
Si bien el impulsor de la ILP es un disidente de Vox, que incluso denunció un supuesta pucherazo en las primarias internas de 2020 por parte del actual portavoz parlamentario, José María Llanos, coloca al bipartito en un brete a cuenta del grado de la ley. El debate, además, pone en el punto de mira a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el máximo órgano estatutario sobre el valenciano, una lengua que los actuales representantes del Ejecutivo de Mazón no usan casi nunca.
El PP, tal como amagó este pasado verano, y sus socios de Vox emprenden así la senda de reventar la pacificación del conflicto lingüístico, un logro consolidado tras la creación de la AVL, pilotada por Eduardo Zaplana.
Compromís consideró “muy peligroso” el camino de la Ley de Señas de Identidad. El PSPV-PSOE, por su parte, pidió a Mazón que “deje de plegarse a la estrategia de la extrema derecha de expandir el odio” y borre el asunto de la agenda política.