El Puerto de València aprueba su ampliación en contra de parte del Consell y del alcalde que dice que “es perjudicial para la ciudad”

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) aprobó este viernes el proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de València, con un presupuesto base de 542,6 millones de euros de inversión pública. A estos, se añadirán los 1.021 millones que aportará la empresa Terminal Investment Limited (TIL), del grupo MSC, compañía europea que será la encargada de la construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa, de la nueva terminal de contenedores.

Como ya ocurrió en la votación de la adjudicación de la terminal de cruceros, el alcalde de València, Joan Ribó, votó en contra al carecer de una declaración de impacto ambiental (DIA) con los parámetros ambientales actuales y que tenga en cuenta los cambios que se han implementado en el proyecto y su posible impacto en las playas del sur y en el tráfico rodado. También votó en contra Iván Castañón, el representante del consejo por designación de la vicepresidencia de la Generalitat, de Compromís. Unides Podem, aunque sin representación en el consejo, también se ha manifestado radicalmente en contra del proyecto.

Sin embargo, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, restó importancia al hecho de que el máximo representane de la ciudad en la que se encuentra el Puerto, y el representante de una parte importante del Consell, se pronunciaran en contra: “No le resta legitimidad; en democracia, cuando se vota, se gana por mayoría y punto, aunque creo que es interesante que tengamos puntos de vista distintos, y eso nos obliga a una aproximación, pero lo que no puedes hacer es parar porque no haya unanimidad. En política si se hiciera eso ninguna ley se aprobaría”.

Al finalizar la reunión, Ribó argumentó su postura: “Estamos ante una situación estratégica para la ciudad, y no se ha abordado de la manera adecuada. Esta ampliación no será beneficiosa para la ciudad, sino que supondrá un perjuicio, y por eso hemos votado que no”.

El alcalde denunció que “no se ha hecho todo lo necesario en este caso”, ni en términos jurídicos, ni en el desarrollo de las actuaciones de mejora que estaban previstas, ni en la actualización de los estudios y previsiones sobre las implicaciones del proyecto. De ahí, su posición contraria. Ribó ha subrayado al término de la reunión: “Cuando escucho a las personas que se están manifestando en la calle por su desacuerdo con este proyecto, me vienen a la memoria los movimientos vecinales que en su momento reclamaban ”El Saler per al Poble“, o que querían que el Turia fuera una zona verde y no una autopista de siete carriles”.

Ribó alertó de la incertidumbre jurídica que se deriva del hecho de que la Autoridad Portuaria “sea juez y parte en la gestión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)”. “Esto no es en absoluto normal porque, generalmente, quien hace el proyecto no hace la declaración; esto es algo absolutamente irregular”, afirmó el alcalde, quien añadió que ello tendrá “consecuencias a nivel jurídico, como de hecho ya se ha presentado una demanda que ha sido aceptada”. Ribó advirió de que València “ya tiene experiencia en situaciones similares de incertidumbre jurídica, como por ejemplo, en el caso de la ZAL, Zona de Actuaciones Logísticas, que se arrastra ya 25 años, y que supone una situación muy clara”.

Por otra parte, el alcalde destacó que las previsiones de mejoras en zonas de costa que estaban establecidas en la anterior DIA “no se han cumplido”. Tal como ha recordado, en el informe de Costas publicado íntegramente por elDiario.es, “Anexo número 1, páginas 68 y 69 de la DIA de 2007, hace 15 años, se detallan una serie de medidas que han de llevar a cabo entre Costas y la Autoridad Portuaria respecto a las mejoras a realizar en puntos como l’Arbre del Gos, El Saler y Pinedo, entre otros”. “Pero no se ha hecho absolutamente nada: el uno por el otro y la casa sin barrer”, dijo Ribó, quien calificó la situación de “muy grave”.

Por su parte, la consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, comentó que “la ampliación del puerto de València es un auténtica aberración, un enorme despropósito que siga adelante atendiendo a todas las consecuencias ambientales, de biodiversidad y de protección del territorio que representa, también a espacios como la Albufera”. El propio informe del Ministerio de Transición Ecològia ya reconoce y deja patentes “todas las afecciones ambientales que supone, y no se puede dejar todo en manos de la Autoridad Portuaria cuando es la promotora y solo tiene un criterio de negocio”.

Por lo tanto, Según Navarro, “es más que evidente la necesidad de evaluar adecuadamente los efectos ambientales de este proyecto con una nueva DIA que también incluya los espacios naturales protegidos y la Red Natura 2000; la emergencia climática nos marca un camino de prevención y protección, y precisamente el de la ampliación del Puerto es justo el contrario. Es una amenaza contra nuestro territorio y contra la calidad de vida del vecindario”.

Las dudas legales del proyecto

El proyecto constructivo del muelle de contenedores para la polémica ampliación norte del Puerto de València contempla diversas cuestiones que chocan frontalmente con la declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2007 al no estar contempladas.

Una de las más relevantes es que establece un máximo de 19 millones de metros cúbicos de material de relleno para construir los nuevos muelles, mientras que el proyecto actual contempla la utilización de 25,6 millones de metros cúbicos, 6 más de lo contemplado.

Además, existen serias dudas sobre su vigencia, motivo por el que Puertos del Estado solicitó a la APV que emitiera una certificación de que el proyecto no requiere someterse a un nuevo procedimiento ambiental, con carácter previo a la aprobación del mismo, algo que se desconoce si ya se ha cumplido.

Por otra parte, la Audiencia Nacional tiene pendiente de resolver un recurso sobre la cesión de la condición de órgano sustantivo a la APV, que a su vez es el promotor, lo que implica que es el propio organismo el que debe decidir si realiza una nueva declaración de impacto ambiental.

Licitación en el primer trimestre de 2023

El proyecto aprobado este viernes se elevará al Consejo de Ministros, dado que se trata de una iniciativa que conlleva una inversión pública superior a los 12 millones de euros.

Paralelamente, la APV ya ha comenzado a preparar el documento de licitación de estas obras que ejecutará Valenciaport y que tendrán un presupuesto base de 542.694.149,17 millones de euros. La licitación se prevé para el primer trimestre del año que viene, una vez se produzca la aprobación del Gobierno.

Según informó la APV, los técnicos de Valenciaport ya trabajan para dar cumplimiento a todas y cada una de las 21 observaciones y condiciones que realizó la Dirección General de Costas en su informe favorable de Compatibilidad con la Estrategia Marina sobre el proyecto constructivo aprobado hoy.

Al respecto, el director general, Francesc Josep Sánchez, explicó que la Dirección General de Costas está realizando una declaración de impacto ambiental para la extracción de arena de todo el banco de Cullera, y que el informe solo les impide extraer de una zona concreta de todo el banco, por lo que se estudiará la opción que cogerla de otro punto. En caso de que no se pueda, los 2,6 millones de metros cúbicos de arena que faltarían para completar el relleno de los muelles se cogerían de los escombros de otras obras, como por ejemplo las del canal de acceso de València que arrancarán el año que viene.