El problema valenciano, la pésima financiación de la Generalitat por parte del estado, caballo de batalla del gobierno de Ximo Puig, está lejos de solucionarse. El déficit de la administración central está descontrolado. La posibilidad de formar ejecutivo en Madrid parece lejana, y con ella un nuevo sistema que, a corto plazo, aporte más fondos. Y el gabinete de Mariano Rajoy, lejos de mostrarse comprensivo con los problemas económicos estructurales de la Comunidad Valenciana, la tiene en el punto de mira.
El jueves, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro afeó a la Generalitat su gestión económica. Ahora, el gobierno central anuncia que premiará a las autonomías cumplidoras y no a las que tienen un mayor déficit, aunque reciban, por cabeza, muchos menos recursos del estado. La reacción del President Puig no se hizo esperar.
Una mezcla de impotencia e indignación cunde en el Consell. A la dificultad de reformar el sistema de financiación por la complejidad intriseca del asunto -repartir de manera distinta una tarta que no crece- se une lo que se describe como ninguneo desde Madrid: El cobro de una multa por las trampas del PP con las cifras de déficit o la presentación de las transferencias de fondos extraordinarias -el FLA, por ejemplo- como una dádiva.
De ahí la reacción virulenta del Consell contra Montoro, acusado de insultar a los valencianos. El Consell sigue trabajando en varias líneas. Una, recordar la infrafinanciación por tierra, mar y aire: “Los valencianos gastamos 87 euros por habitante menos que la media española en Sanidad y Educación”.
Otra, por ejemplo, visibilizar los efectos prácticos de los fríos números: “Que diga Montoro qué niños no quiere escolarizar, qué escuelas no quiere construir y las empresas culturales que quiere cerrar. No recortaremos”, ha dicho el conseller de Educación, Vicent Marzà.