El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no comparecerá de manera voluntaria en el Parlamento valenciano para explicar la quita del Institut Valencià de Finances (IVF) a Editorial Prensa Ibérica ni tampoco si existe un conflicto de intereses en que sea propietario del 1,19 % del periódico Mediterráneo, un medio de comunicación que recibe publicidad institucional de Presidencia. Sobre la condonación de deuda al principal grupo mediático de la Comunitat Valenciana, Puig ha asegurado que “quien lo tenía que explicar ya lo ha explicado”, en referencia a la comparecencia en las Corts de Manuel Illueca, director general del IVF.
Sobre sus acciones, sí que ha reconocido Puig a preguntas de los periodistas que es un tema que debe aclarar él y que también considera explicado con las diferentes comparecencias que ha realizado ante los medios de comunicación. Sobre el posible conflicto de intereses porque su departamento adjudique publicidad institucional a un medio del que es accionista ha dicho: “La Abogacía de la Generalitat ha dicho en un informe que no existe conflicto de intereses. No he hecho como otro conseller que rebajó su propiedad en una empresa al 9,9 % para no incumplir la ley y la regaba a subvenciones (en referencia a Juan Cotino y sus acciones en Sedesa)”.
Puig ha vuelto a defender que las acciones las tiene desde el año 1984 y que siempre las ha declarado y ha incluido una nueva argumentación sobre la publicidad institucional: “Es la primera vez que hay un sistema justo de la publicidad institucional. Por eso aprobamos una ley en las Corts Valencianes para objetivarlo, para evitar desvíos clientelares como pasó en los veinte años que gobernó el PP”.
Comisión de Investigación solicitada por Ciudadanos
La oposición sigue con su estrategia parlamentaria para que Puig explique la quita del IVF y la posesión de acciones en el medio de comunicación del grupo Prensa Ibérica. La Mesa de las Corts ha tramitado la comisión de investigación parlamentaria sobre el “posible conflicto de intereses” del presidente de la Generalitat en estos dos temas y para determinar posibles incompatibilidades.
La propuesta se presentó el pasado mes de julio y ha pasado su primer trámite, aunque el momento clave será cuando la Junta de Síndics deba aprobar si va a pleno o no. Será el momento en que Ciudadanos necesitará los apoyos del PP, Vox y alguno de los partidos del Botànic.