El bloqueo de la investidura de Pedro Sánchez, que el líder socialista está prolongando durante meses y que mantiene en funciones al Gobierno de España, ha inducido una crisis en el Ejecutivo valenciano, en serios apuros para cumplir sus previsiones presupuestarias. El hecho de que el Ejecutivo central no pueda hacer efectivas, según la Abogacía del Estado, las habituales entregas a cuenta a las comunidades autónomas y tampoco el pago de una deuda del IVA pendiente desde hace dos años, ha puesto contra las cuerdas a la Administración más perjudicada por el actual modelo de financiación autonómica, caducado hace un lustro.
La situación aboca a la Generalitat Valenciana a hacer recortes, como mínimo, de 438 millones de euros, según las cuentas de la Conselleria de Hacienda, que podrían ampliarse hasta los mil millones, tal como reconoció el conseller del área, el socialista Vicent Soler al anunciar este jueves la renuncia a su acta de diputado en las Corts Valencianes para centrarse en esa tarea y en el propósito general de conseguir una financiación justa.
La dimisión de Soler (maniobra que estaba prevista en algún momento de la legislatura) forma parte de una secuencia que se ha desarrollado a lo largo de la semana y que revela un pulso entre los socios del Gobierno del Pacto del Botánico por el relato reivindicativo en una materia especialmente sensible para los valencianos. Compromís empezó por exigir un “acto contundente, público y vehemente ante el Gobierno de España”, en palabras de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, previo a abordar cualquier recorte, a lo que respondió el PSPV-PSOE anunciando que el presidente, Ximo Puig, se reunirá el martes que viene con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para plantear la perentoria necesidad de una solución.
Ese mismo día, el portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Fran Ferri, registraba una proposición no de ley en la que la coalición valencianista reclama, como lo ha hecho el PP desde la oposición, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el problema, el pago de los fondos “retenidos” y la reforma de la financiación, que incluye la compensación de la deuda histórica causada por la infrafinanciación.
Manolo Mata, portavoz del PSPV-PSOE en el Parlamento valenciano, respondía a esta propuesta de sus socios con una defensa de la pertinencia del diálogo “bilateral” con el Gobierno de España para hacer frente a la situación. Una toma de posición a la que añadieron los socialistas el golpe de efecto de la renuncia del conseller de Hacienda, Vicent Soler, a su escaño para desprenderse de las obligaciones parlamentarias y dedicar todos los esfuerzos a la crisis de financiación.
Soler asumió en la rueda de prensa de su renuncia que la caída de ingresos puede alcanzar los mil millones y, por tanto, que los recortes pueden superar los 438 millones inicialmente previstos. Los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2019 se elaboraron a partir de un escenario expansivo planteado desde el Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo proyecto de Cuentas, sin embargo, fue tumbado en el Congreso, lo que obligó a prorrogar los presupuestos heredados de Rajoy y propició la convocatoria de elecciones generales. El panorama se agravó con la investidura fallida del pasado mes de julio, que ha dejado en funciones al Gobierno y limita enormemente su margen de maniobra.
Mónica Oltra ha resumido la visión de Compromís al hablar de una situación “de urgente necesidad” y criticar la “inactividad del Gobierno de España”. Los valencianistas, sobre cuyas carteras en la Generalitat (cuatro de doce) recaería la mayor parte del recorte de gastos, no rechazan sentarse a hablar de ajustes, pero insisten en levantar la voz. Ximo Puig, que se ve en la tesitura de enfrentarse a un Gobierno de su mismo partido, no quiere quedar en entredicho y ha señalado que en su próxima entrevista con la ministra Montero planteará que la situación debe resolverse de manera “inmediata”.
De este pulso entre Compromís y el PSPV-PSOE ha quedado fuera de juego hasta ahora el tercer socio del Gobierno surgido del segundo Pacto del Botánico, Unidas Podemos. El vicepresidente de la Generalitat por esta formación, Rubén Martínez Dalmau, se ha limitado a indicar que, si hay recortes, no deben afectar a las prestaciones que inciden en los derechos de los valencianos y valencianas.
El sindicato Comisiones Obreras alertaba este jueves, precisamente, de que la situación puede afectar a los trabajadores públicos y “al sostenimiento de la educación, la sanidad, los servicios sociales y la atención a la dependencia”. Los servicios públicos esenciales se resienten, según CCOO, “por la deficiente financiación del País Valenciano y, además, la sombra de la inexistencia de presupuestos generales afecta a la financiación autonómica”.
La perspectiva de que no se pueda formar Gobierno en España y se vaya a otras elecciones y de que el bloqueo institucional se prolongue, como ha reconocido el conseller Soler, puede llevar a administraciones como la valenciana a tener serias dificultades para elaborar los presupuestos autonómicos de 2020.