El caso Taula no es una anécdota, ni afecta a hechos remotos que ocurrieron en el pasado. La investigación inicial por blanqueo que involucra desde enero de 2016 a todo el equipo del PP en la ciudad de Valencia (sus concejales y asesores habrían simulado donaciones al partido que se les devolvían en dinero negro) se refería a la campaña electoral municipal más reciente, la de 2015, y se derivó del inicial caso Imelsa, en el que se investiga la corrupción en la Diputación de Valencia durante el mandato de Alfonso Rus.
Pero al contrario de lo que podía pensarse en un principio, el caso no sigue un esquema de muñecas rusas, en el que una corrupción más grande incluye otras de menor calado. La evolución del caso Taula ha adquirido una dinámica propia hasta llegar a conectar con un escándalo que denunció en 2010 la entonces concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Ana Botella. La edil reveló la opacidad e irregularidades que marcaban la relación del Ayuntamiento con dos grupos de empresas, Laterne y Trasgos, que contrataban con el consistorio y al mismo tiempo participaban en la organización de las campañas de Rita Barberá, pero el asunto no llegó a trasladarse a la fiscalía.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado recientemente a una de las piezas de Taula y basado en documentación aportada por Jesús Gordillo, que fue asesor del PP, confirma, no solo que Laterne y Trasgos fueron usadas para financiar ilegalmente las campaña de Barberá en 2007, sino que el modus operandi se repitió en las elecciones de 2011 y 2015. Sitúa, además, a quien fue mano derecha de Barberá, Alfonso Grau (juzgado y absuelto en el caso Nóos), en el centro del sistema irregular. El PP habría pagado sistemáticamente actos electorales financiados por empresas contratistas desde una caja B.
La forma de actuar es similar a la empleada por el PP de la Comunidad Valenciana en el caso Gürtel. Laterne y Trasgos habrían jugado a escala local el papel que Orange Market, la terminal valenciana de la trama que lideraba Francisco Correa, jugó en Gürtel. Un caso con el que el Ayuntamiento que presidía Rita Barberá tuvo una conexión a través de la Feria de Valencia, cuyo patronato presidía la alcaldesa. En este caso un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía cifró en 1,2 millones de euros lo que la institución ferial, que dirigía Alberto Català, pagó a Orange Market, según la documentación de la contabilidad B de Correa.
De hecho, según el concejal que denunció la trama Gürtel, José Luis Peñas, la influencia de la red corrupta en Feria Valencia fue tal que Francisco Correa era quien nombraba a su presidente. El PP dejó a deber más de 625.000 euros a la institución ferial por el alquiler de sus instalaciones para el congreso del PP en 2008 en el que Mariano Rajoy fue reelegido al frente del partido. Solo cuando una sentencia les ha obligado a hacerlo, los populares han pagado lo que debían, tras reclamarlo los nuevos responsables de la institución.
La financiación irregular unifica todos esos casos de corrupción política. Y también aparece en el caso Emarsa, que investiga el saqueo de la depuradora metropolitana de Valencia, en Pinedo. La empresa pública, controlada desde un organismo en el que el PP de Valencia manejaba los hilos, habría pagado cenas de militantes del PP local mientras Esteban Cuesta, que fue cargo orgánico de segundo nivel del partido, era su gerente. Además, numerosos cargos del PP de València, entre ellos la propia Rita Barberá, recibieron regalos de lujo con dinero público de la depuración de aguas.
Las piezas van encajando en un rompecabezas que revela que el presunto blanqueo en el grupo municipal del PP, por el que están imputados nueve de sus 10 concejales, es solo la punta de una red mucho más amplia y continuada en el tiempo. Una red que también tenía que ver con el caso Púnica, otra de las grandes causas de corrupción que afectan al PP en España.
Según un informe de la UCO de la Guardia Civil aportado al sumario de Púnica, el actual concejal popular Alberto Mendoza; el exconcejal, hoy diputado autonómico, Miquel Domínguez y el exjefe de prensa de Barberá, Julio Valero, participaron en el pago con dinero público al conseguidor de la red, Alejandro de Pedro, por favorecer la imagen del PP en Internet.
Si en un tiempo parecía que, a diferencia de su correligionario y amigo Francisco Camps, Rita Barberá había quedado al margen de la corrupción que implicó a todo el PP valenciano, a medida que avanzan las investigaciones judiciales toma forma un rompecabezas que sitúa a Barberá en la cúspide de un enorme entramado corrupto. Cuando la exalcaldesa de Valencia murió en Madrid en noviembre de 2016, era técnicamente una tránsfuga del PP, cuyo grupo había tenido que abandonar en el Senado al tener que declarar ante el Tribunal Supremo imputada en el caso Taula.