El caso Castor tendrá un nuevo capítulo judicial si la Audiencia Nacional admite a trámite la querella que una asociación presentó el pasado martes. La firmante fue la Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització, aunque la iniciativa se han sumado otros colectivos, reunidos en la plataforma “No pago Castor”. La querella ha recaído en el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia.
El documento enumera los posibles delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos. Entre los querellados está Florentino Pérez, accionista mayoritario de ESCAL UGS SL, la constructora del almacén. También están los exministros del PSOE Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez y Elena Espinosa, el exministro del PP José Manuel Soria y el exconseller de la Generalitat Valenciana Juan Cotino, entre otros.
Tanto en el texto de la querella como en la web de “No Pago Castor” se detallan las irregularidades de la planificación, la construcción y la puesta en marcha del almacén gasístico. Se explica cómo la gran inversión realizada pudo no estar justificada porque existen sospechas de que la previsión de consumo de gas en España a medio plazo estaba sobredimensionada.
Alteración de la frontera
La plataforma describe, además, cómo los exministros tomaron supuestamente decisiones arbitrarias que beneficiaron a las empresas constructoras. Por ejemplo, la alteración del límite entre Catalunya y la Comunidad Valenciana firmada por Magdalena Álvarez, supuestamente para evitar los reparos que la administración autonómica catalana estaba poniendo al proyecto.
También se detalla cómo el ministro Soria “permitió la ampliación de 5 a 25 años del período durante el cual las concesionarias podían renunciar a la concesión”, medida “le fue especialmente conveniente a ESCAL”. La querella también denuncia que la constructora cobró una indemnización de 1.461.420.000 euros a pesar de que el almacén no funcionó nunca y provocó seísmos en la costa de Castellón y Tarragona.
Cobrar aunque haya negligencias
Estas indeminizaciones pudieron cobrarse porque en la concesión del proyecto Castor se incluyó un inciso en un artículo “que contemplaba la posibilidad de indemnización incluso en caso de dolo o negligencia por parte de la empresa”. La denuncia también narra que la entonces ministra Espinosa otorgó la declaración de impacto ambiental al almacén “con falta de atención al riesgo sísmico”.
La plataforma “No pago Castor” tiene entre sus objetivos “el no pago de la indemnización, sea cual sea el mecanismo utilizado, y el retorno de los pagos anteriores” porque “son ilegítimos, y generan y agravan la pobreza energética que afecta a un 11% de personas en el Estado”.
La indemnización que la Administración central pagó a la constructora fue de 1.350 euros a través de un préstamo de varios bancos. Ese crédito estaba siendo cargado a las facturas de gas que abonan los consumidores desde el año 2015. El pago se interrumpió el pasado mes de enero, cuando el Tribunal Constitucional anuló la cobertura jurídica de esos pagos.